El día 02 de septiembre fue publicado en este medio un editorial titulado INMERECIDO CALVARIO PARA UNA EMPRESA, en esta publicación se hace una férrea defensa a la firma Ávila Ltda, la cual viene siendo investigada por hechos de corrupción en la ejecución del Contrato 770 de 2009, suscrito entre la cuestionada firma y la Gobernación de La Guajira para la ejecución de obras de Infraestructura educativa en el departamento, en dicho editorial se pone en duda la actuación de la Fiscalía General de la Nación, y las acusaciones y pruebas presentadas por el denunciante de los hechos y que dieron pie a esta investigación años atrás, con esta breve introducción quiero hacer las siguientes claridades.
Dice el autor del escrito que le ha sorprendido la celeridad y la eficiencia que ha tenido el ente investigador en el proceso en contra de una empresa tan reconocida y sin antecedentes de corrupción, debo aclarar que este caso fue denunciado desde el mes septiembre de 2012, y no es para nada eficiente un proceso de ha tardado 7 años para mostrar tan pocos resultados, el hecho de que una persona no posea un prontuario de actos de corrupción no lo exime de ser investigado y condenado por sus malas actuaciones en etapas más recientes de su vida, la buena conducta del señor Ávila a la que se refiere el autor, no garantiza que su comportamiento actual sea el mismo que en épocas pasadas, quiero recordar que la ambición hace que las personas cambien y se corrompan.
Se afirma en el editorial que todo el asunto se inició por las denuncias interpuestas por un subcontratista inconforme que no culminó con las actividades que le fueron encomendadas, y que producto de esto se hicieron efectivas las garantías de cumplimiento, lo que no se informa es que una vez que la compañía aseguradora detecto el hecho de corrupción y las investigaciones en curso en contra del asegurado (Ávila Ltda.), no inicio proceso de repetición en contra del inconforme subcontratista que supuestamente incumplió con su responsabilidad, y más bien archivó el caso y muy posiblemente solicitara al asegurado el reembolso de estos dineros si se determina una condena para los miembros de Ávila Ltda.
Es conveniente aclarar que existen suficientes pruebas que evidencian con contundencia el daño patrimonial hecho al departamento de La Guajira, tan definitivas como haber sobrepasado los precios oficiales del Departamento de La Guajira para el año de suscripción del contrato 770, la subcontratación de la gran mayoría de las obras con empresas y profesionales de la región con precios que no superaban el 54% del ya inflado presupuesto pactado con el departamento, lo que se constituyó en la prueba reina de la Fiscalía, ya que fueron los subcontratistas quienes en definitiva ejecutaron a todo costo la gran mayoría de los trabajos encomendados legalmente a Ávila Ltda., la cual como era de esperarse se quedó con las exorbitantes utilidades del Contrato 770.
No se dice tampoco en el editorial que la firma investigada intento manipular a los organismos de control presentando otrosíes adicionales falsos con el fin de incrementar los precios de la subcontratación, esto con el fin de demostrar que dichas subcontrataciones se hicieron por valores superiores a los reales y reducir así el posible daño fiscal, tampoco se menciona que parte de los recursos producto del anticipo del cuestionado contrato fueron destinados para la adquisición de hoteles y fincas ganaderas en otros departamentos.
Hay que mencionar también que en la etapa precontractual se determinó como obligatoria la visita previa a los sitios de ejecución de las obras, y se condiciono a los posibles interesados a realizar más de 50 visitas obligatorias a las instituciones educativas a intervenir, el mismo día, a la misma hora y con la presencia de un arquitecto e ingeniero en cada uno de los sitios, lo que limito la concurrencia de oferentes, y como era de suponer esta rebuscada condición solo podía ser cumplida por la prestigiosa firma Ávila Ltda, que ya había armado un staff de profesionales y una flota de vehículos para transportarlos a todos a la manipulada visita, si para el autor del editorial todo lo aquí mencionado no se constituye en hechos de corrupción, los guajiros tendremos el inmerecido destino de continuar siendo un departamento empobrecido y deshonrado.
El hecho de que el ente acusador haya procedido a determinar las medidas cautelares en contra de la cuestionada empresa, es más bien garantía de que sus dineros mal habidos sean reembolsados al departamento y se resarza el daño ya causado a los guajiros, es prudente dejar en claro que decidí realizar este escrito porque me indigna el hecho que se insista en transformar la víctima en victimario, desde el inicio de este incomodo episodio en mi vida mi principal objetivo ha sido quitarle la máscara a un personaje en esencia ambicioso e insaciable, y que fue capaz de masacrar económicamente a muchos de sus colegas y familiares, la ambición rompe el saco, y como se ven las cosas ya lo rompió, no se puede defender lo indefendible.
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