Las reiteradas sentencias de la Corte Constitucional de Colombia dan fe que las cárceles no cumplen con las condiciones mínimas que tutelan los derechos humanos, impidiendo que el recluso se pueda resocializar y ser devuelto a la sociedad para que se integre a la vida laboral y productiva del país. Por estas condiciones de superpoblación carcelaria en condiciones indignas de crueldad, humillaciones, daños a la dignidad e integridad y tratos degradantes producto del hacinamiento carcelario, es necesario desde la academia proponer acciones que mitiguen esta situación debido a la ausencia del Congreso de los colombianos.
No podríamos ser ajenos a que las sociedades desde la antigüedad se han venido organizando con relación a la convivencia social dando surgimientos a normas desde el derecho penal para preservar la armonía social de sus integrantes. Es por eso por lo que aquellos comportamientos que son contrarios a ella serán castigados y sus infractores separados de la sociedad. Así, poco a poco fue surgiendo la idea de la reclusión en prisión para aquellos que violen la respectiva ley penal. Además, también surgió la idea de encerrarlos, pero a la vez resocializarlos para cuando regresen a la sociedad puedan adentrarse a ella como excelentes seres humanos y en lo posible no vuelvan a delinquir.
El periódico el Tiempo en 2020, causa preocupación con un informe que, según cifras del Inpec, actualmente hay en establecimientos carcelarios 16.566 reincidentes, un elemento llamativo si se tiene en cuenta que una de las funciones de las penas es la resocialización. El documento revela igualmente los delitos por los cuales los colombianos van más a prisión: el homicidio, con el 15,6 por ciento de los casos; seguido del hurto, con el 13,8 por ciento; el concierto para delinquir, 13,2 por ciento, y el porte y tráfico de estupefacientes con el 12,4 por ciento.
Mientras tanto, el alto costo que tiene el sistema penitenciario en Colombia contrasta con el mal estado en el que se encuentran muchas cárceles en el país y el hacinamiento al que muchos presos están sometidos. En Colombia hay penales que en promedio tienen más de 50 años de construcción, con problemas de suministro de agua y en los que hay 38.952 personas más de las que deberían estar allí. Y ni hablar del precario servicio de salud a cargo del Estado. El hacinamiento, según el propio Inpec, es del 28,9 por ciento. Es decir, hay 23.374 personas más de las que caben en las cárceles del país.
Son además muchas otras situaciones que se les presentan a los penados por el hacinamiento al que están sometidos como que los lleva a la escasez de los bienes y servicios más básicos al interior de las cárceles, como un lugar para dormir. Esto lleva a la violación de la dignidad humana y que la corrupción y la necesidad generen un mercado ilegal, alterno, en el cual se negocian esos bienes básicos escasos que el Estado debería garantizar a una persona, especialmente por el hecho de estar privada de la libertad bajo su control y sujeción.
Además, según la Corte Constitucional, por las condiciones de hacinamiento y deterioro de la infraestructura penitenciaria y carcelaria, así como de los servicios que se presentan en cada establecimiento, la posibilidad de que se den tratos crueles, inhumanos e indignos aumenta notoriamente. La deshumanización de las personas en los actuales contextos carcelarios es evidente. Las condiciones en que son mantenidas las personas privadas de la libertad, por ejemplo, suelen ser relacionadas con las condiciones en que existen algunos de los animales relegados en nuestra sociedad a los lugares de suciedad. En síntesis, a los penados en las cárceles de Colombia, el hacinamiento les ocasiona que no se pueden resocializar, los hace caer en la reincidencia, le viola el derecho a la dignidad humana y los hace someter a tratos inhumanos que muchas veces raya la tortura.
Para concluir, debemos tener en cuenta que Colombia no le apuesta a solucionar esta problemática de violación reiterativa de la dignidad humana de los reclusos desde una perspectiva de resocialización pues cada que se pregunta a entidades del Estado por su responsabilidad y por la solución por lo general informan sobre la construcción de más cárceles en el territorio nacional. Pero, además, el código penal de Colombia -L.599 de 2000- contiene más de 400 delitos con penas muchos de ellos hasta de 60 años. Y, se está pensando muy seriamente por parte del legislador traer a nuestro ordenamiento jurídico cadena perpetua para otro tanto de delitos. Mientras tanto contamos con un Congreso perezoso para legislar pero que piensa cada día en el beneficio propio.
