La escalada de la violencia e inseguridad en Barranquilla y su Área Metropolitana, así como en otros municipios, tiene aterrorizados a los atlanticenses que ven amenazado su bienestar ante el aumento de asesinatos, atracos, extorsiones y microtráfico. Situación que exige la consolidación de estrategias de seguridad que vayan de la mano de la implementación de nuevas políticas de transformación social.
El retorno paulatino de la actividad económica en Barranquilla y los municipios del Atlántico ha venido acompañado de la reactivación de la criminalidad. Solo durante enero de 2021 se registraron 40 asesinatos en Barranquilla y el área metropolitana, y en este mes de febrero a corte del 25, ya se reportaban 42 homicidios. En Soledad, la ola de delitos va en aumento; durante el 2020 y lo que va de 2021, los homicidios se han incrementado en un 50%, según cifras de la Policía Nacional y la Fiscalía. Un panorama aterrador.
Más allá de la presencia de la Policía en las calles o del uso de drones de alta tecnología, que no dudamos son acciones necesarias, es clave el desarrollo de una estrategia integral para la reconstrucción del tejido social. La escasa inversión social y la falta de oportunidades para los jóvenes son las principales causas del incremento de la criminalidad y el sicariato como modo de vida. Es lamentable evidenciar cómo el delito nos está ganando la partida, robándose a miles de jóvenes que hoy se encuentran al servicio de la violencia.
Aunque muchos de los delitos que se cometen en Barranquilla y su área metropolitana, están asociados a las organizaciones delictivas: ‘los Costeños’, ‘los Papalópez’ y el ‘Clan del Golfo’, en los últimos meses, hemos sido testigos del auge de la delincuencia fragmentada. Con la proliferación del atraco, el fleteo y el sicariato, que se fortalece en los entornos de vulnerabilidad.
Las medidas en seguridad ciudadana que mejores resultados han conseguido, en países de la región, se centran en el trabajo social con los niños y jóvenes de sectores vulnerables, a través de programas de integración a la sociedad, terapias conductuales para la población en riesgo, la rehabilitación de quienes cometen los delitos, entre otras acciones enfocadas en tratar el problema desde su raíz.
Reconocemos los esfuerzos que viene realizando la Policía Nacional y el Gobierno junto a los entes territoriales en la lucha contra la criminalidad en Barranquilla y el Atlántico. Así como la buena voluntad del ministro de Defensa, Diego Molano, y su estrategia ‘Plan 100 contra el microtráfico’ que se está desarrollando en varias ciudades del país para combatir el expendio de drogas.
El crimen organizado ha venido haciendo escuela en Barranquilla y su Área Metropolitana, independientemente de otros factores sociales generadores de violencia; tenemos que multiplicar esfuerzos contra la inseguridad para evitar que la ciudad se siga desangrando y saliendo de las vías por culpa de los violentos.
Necesitamos políticas públicas que complementen las estrategias actuales e integren la dimensión de seguridad ciudadana con otras agendas de desarrollo culturales, sociales y deportivas. Un trabajo conjunto que fortalezca las acciones de la Policía y las alcaldías con la transformación de los entornos de violencia a través de la reconstrucción del tejido social, que nos conduzca a la reducción de los delitos.
