La Corte Constitucional hizo lo que debía y no lo que promovían “los divisionistas”: choque de trenes y un clima mediático de país fracturado, como la carátula de Semana, que debilitara la gobernabilidad del presidente para pescar en río revuelto sus intereses burocráticos y electorales.
Mientras escribía, en el programa de Vicky Dávila la sorna bulliciosa de Benedetti y la suficiencia de Roy sacaban de casillas a la valiente Salud Hernández, que no pontifica grandilocuente desde una curul, sino que asume el riesgo de la denuncia desde los rincones que recibieron la herencia de 200.000 hectáreas de coca y sufren las secuelas de una negociación que no buscaba paz sino impunidad.
Sí. El país está dividido. Afortunadamente nos quedaba democracia para que los colombianos lo expresaran en las urnas durante la campaña que llevó a Duque a la Presidencia, y en octubre de 2016, cuando se birlaron el plebiscito y la oportunidad de consenso frente al acuerdo con las Farc.
El país debe entender quién lo divide. No es el presidente, que invita al consenso a partir de las objeciones. Da grima ver a la burocracia santista, a los asesores de pazbien remunerados y a quienes, untados de mermelada, crearon la mentira de los enemigos de la paz, acusar hoy al presidente de polarizar porque cumplió su deber ético y constitucional de declarar inconveniente la impunidad total; de declarar inconveniente para el país que la violencia sexual contra menores pueda ser justificada y quede sin castigo.
Es patética la forma como buscan invisibilizar los testimonios de “Rosa Blanca”, de niñas secuestradas a guerrilleras, de violaciones y abortos; de mujeres prostituidas para calmar los afanes de los guerreros. Son las víctimas que no fueron a La Habana porque no se sometieron a la burda instrumentación de “los amigos de la paz”; revictimizadas por la impunidad de la JEP; invisibles para la comunidad internacional, proclive a justificar lo injustificable en aras de una paz que no aparece.
Los divisionistas remunerados por Santos deberían declararse impedidos para calificar las decisiones presidenciales. Por el contrario, insisten en la mentira de que el Acuerdo del Colón fue ejemplo de concertación y se atreven a aconsejar al presidente: que ya está bien de llorar el plebiscito, que se dedique a gobernar, que para qué las objeciones. Como quien dice: que dejemos así, que las elecciones, que la gobernabilidad. Es chantaje político disfrazado de consejo.
Los divisionistas se equivocaron de tren. El choque no era con la Corte, sino con la Cámara de Representantes, cuyo presidente, “el hombre clave” de Semana, después de su intento de enredar a la Corte, hará lo imposible por arrinconar al Gobierno. Valerosa declaración la del ministro de Hacienda en el debate del Plan de Desarrollo: El gobierno no se dejará extorsionar.
