La Fiscalía General de la Nación a través de un despacho adscrito a la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima, adelantó audiencia de formulación de imputación de cargos contra Óscar Ríos Salazar, actual director regional del ICBF Tolima.
El funcionario está siendo judicializado como presunto responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales en concurso homogéneo sucesivo, en concurso heterogéneo sucesivo con falsedad ideológica en documento público agravado por el uso. Ninguno de los cargos fue aceptado por el implicado.
Los hechos están relacionados con posibles irregularidades en los contratos de aporte 625 y 626 de 2017 los cuales fueron suscritos entre el Instituto colombiano de Bienestar Familiar y la Fundación Nawem, y cuyo valor total supera los 3.500 millones de pesos.
El objeto del contrato en ambos casos era la atención especializada de niños, niñas y adolescentes en hogares sustitutos. Dicho contrato debía ejecutarse en los centros zonales de los municipios de Chaparral, Purificación, Melgar, Honda, El Espinal y Lérida, Tolima.
Los dos contratos fueron analizados peritos expertos del Cuerpo Técnico de Investigación –CTI– adscritos al grupo anticorrupción, quienes encontraron múltiples anomalías en la elaboración de los estudios y los análisis previos; así como en la emisión del certificado de idoneidad por parte del director Regional del ICBF, entre otros.
El imputado, al parecer, dio fe de que la fundación contratista tenía más de 30 años de experiencia, que contaba con la licencia de funcionamiento al momento de la expedición de la certificación y que se había comprometido con el Icbf a cumplir los lineamientos técnicos. Ninguno de estos hechos correspondería a la realidad.