Esa condición extorsiva no constituye dilema para el presidente, como se lo dijo sin titubeos a los mingueros y al país, a pesar de las presiones de sectores de izquierda y de quienes acompañan la peregrina posición de que, en aras de la normalidad, el Estado de Derecho debe ceder a la extorsión.
Es la misma posición que dominó las negociaciones con las Farc y la que hoy se atraviesa para no cambiarle una coma a la JEP, una justicia para la impunidad. Para quienes así piensan, acabar con el bloqueo y sus desastrosas consecuencias, bien vale que Duque entregue la dignidad presidencial, la autoridad del Gobierno y la gobernabilidad hacia delante. Quieren “arrodillar” al presidente ante estas “organizaciones sociales”, permeadas ideológicamente y utilizadas políticamente por la izquierda.
Por eso la minga invitó a sus aliados naturales: el impune senador Catatumbo, que reunió indígenas acompañado por chalecos azules de la ONU; el representante Pachón, de las Dignidades, experto en paros extorsivos; el senador López del Polo y sus compadres, Bolívar y el infaltable Petro, quien lanzó otra propuesta tipo aguacate: “simple: compre las tierras del Norte del Cauca para que el pueblo caucano se pueda alimentar»; en otras palabras: acabe la industria cañera y tale los bosques de pino; así el Departamento quebrará y la equidad llegará por lo bajo: todos pobres.
A ese populismo súmenle las exigencias desmedidas, ¡más de 49.000 hectáreas y 3,6 billones!, y las de añadidura: no al fracking y a las objeciones, consultas previas y derecho a la protesta sin limitaciones, negociación con el ELN y hasta las relaciones con Venezuela. Si eso no es politizar la minga, entonces qué es.
Los líderes insisten en que la protesta es pacífica: “no hemos realizado ningún otro tipo de hecho vandálico, solamente la reclamación de los derechos”. Entonces qué son las papas bomba, el bloqueo violento, los encapuchados y el asesinato de un soldado. La explosión que cobró otra vida no fue un accidente doméstico. Ni qué decir del caos en Popayán y Pasto, como resultado del sabotaje en las carreteras. No estamos frente a los indígenas pacíficos de los bastones, sino ante un colectivo ideologizado, apoyado por la oposición y con alta capacidad de generar caos.
Es obligación del Gobierno respetar los derechos de los indígenas, pero también los de 45 millones de colombianos. Respaldar al presidente es apoyar el Estado de Derecho y la democracia.