Con el fin de proteger los derechos fundamentales de los excombatientes, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP requirió al Consejero Presidencial, Emilio Archila, que adopte e implemente, a través de la Mesa Técnica, el Plan Estratégico de Seguridad y Protección, incluida la sostenibilidad de los recursos administrativos y financieros necesarios.
Igualmente, requirió al director de la UNP, Alfonso Campo Martínez, que presente el plan de acción y cómo proyecta evacuar el trámite de las solicitudes y estudios de riesgo pendientes y fuera de los términos de decisión.
A su vez, le pidió que se lleve a cabo el nombramiento y término de contratación de los 686 escoltas y los 40 analistas que se requieren para cubrir las necesidades identificadas en el plan de acción; se destine el presupuesto aprobado para la vigencia 2021 y se realice la sostenibilidad financiera de los nombramientos mientras subsista el riesgo para la seguridad de los excombatientes de las Farc-EP.
Las anteriores decisiones responden al análisis de los informes de cumplimiento presentados por los dos altos funcionarios, en respuesta a las solicitudes de la JEP que no han sido atendidas con efectividad, y principalmente ante el incremento de la violencia que afecta a los excombatientes, sus familias e incluso los escoltas.
Cabe mencionar que según los análisis, cada cinco días un excombatiente de las Farc-EP es asesinado. A la fecha más de 256 firmantes del Acuerdo de Paz han sido asesinados.