El problema de la corrupción y la inseguridad es hoy quizás las mayores preocupaciones del país, más apremiante acaso que el de la propia pobreza. Porque esta última siempre la hemos tenido y aquella ha trascendido todas las capas sociales. El país sigue siendo pobre, con un ingreso per cápita excepcionalmente bajo –2.800 dólares por habitante, cuando Chile tiene 5.800 dólares por habitante–.
Acaso con el mercado global y los tráficos ilícitos se están acumulando grandes fortunas, que no vienen a mejorar el bienestar sino a hacer más ostentosa la concentración del ingreso y las esperanzas de un porvenir más amable se hacen cada vez más lejanas. Pero todo ello, que es de suyo un empobrecimiento, significa un deterioro menor que el que ocasiona el aumento de la corrupción. Uno de los países más corruptos del mundo es Colombia. La gente ya está reaccionando con este flagelo.
En la obra ‘La República’ Platón expresaba que su creencia era que el Estado y la sociedad Griega se estaban desmoronando por culpa de la desobediencia a la ley y porque la corrupción se había generalizado. Comprobándose con esto, que la corrupción que carcome al país no es un tema que se inició hoy, sino bien atrás.
En las primeras décadas del siglo XX cuando se lograron liquidar los rezagos de la última guerra civil, Colombia fue un país seguro. Hubo concretamente periodos de violencia política, que tenía sus linderos, sus causas y sus costos. La inseguridad como fenómeno ambiental no fue una característica de nuestra región. El Estado era pobre y débil, y sin embargo era capaz de garantizar ese bien primordial. Existió siempre un suficiente grado de solidaridad social como para que la ciudadanía se congregara en torno a las leyes y las autoridades para oprimir el crimen y para mantener la vigencia de unos principios morales que se consideraban un patrimonio común. La honestidad era un canon y su pérdida merecía la sanción pública. La ley se apoyaba en el consenso del pueblo, y este recibía el apoyo de aquella. No era siquiera concebible que una y otro anduviesen por distintos caminos. Luego vienen unas décadas de desorden moral y por ende de la pérdida de la seguridad total de los colombianos. Y llegó el presidente Uribe y volvió a colocar los principios morales por encima de todo, recobró la seguridad e impuso la autoridad a todo lo largo y ancho del país. ¿Y qué ha pasado hoy? La inseguridad es el pan de cada día en nuestro país. Si es en La Guajira, damos grima. Las razones de inseguridad son muchas, una de las que ha aumentado esta inseguridad es la llegada de venezolanos de todo pelambre, así como el desempleo alarmante en toda la península, de igual manera la lucha de poder de los traficantes de drogas que se dan en la frontera.
Hoy ese consenso sobre la validez de unas normas éticas universales se ha perdido. El oportunismo, por un lado, justifica las violaciones de la moral y convierte a los deshonestos en héroes cuando estos han logrado triunfar. Y por otro lado el pluralismo ha consentido la coexistencia de la tabla de valores tradicionales con doctrinas no éticas o antiéticas a las que se le reconoce unas mismas vigencias y unos derechos igualitarios. Para los tradicionalistas, matar es un delito; para los otros, el secuestro, el atentado, el asalto a mano armada, son actos de la vida cotidiana. Para los primeros robar es pecaminoso; para los segundos es una acción revolucionaria, ya que de acuerdo con sus creencias la propiedad es un robo.
La sociedad, carcomida por esta atonía moral ya no colabora en la recuperación de la seguridad y de los valores, pero la sufre. Y no coopera porque no tiene principios colectivos movilicen su dinámica. Las causas del deterioro de la corrupción y de la seguridad están en las bases. En que los derechos y garantías sociales establecidos en la constitución son cuestionables, como lo es también el Código Penal y lo son las leyes complementarias.
