Desnuda, con los ataques a la Fuerza Pública, su verdadera alma de terroristas.
Colombia sufrió antes métodos violentos de atentados contra la Policía perpetrados por grupos al margen de la ley. Sucedió con el cartel de Medellín cuando Pablo Escobar puso precio a la cabeza de los uniformados, pagando $2 millones por cada asesinato. Cerca de 550 policías murieron en esos hechos.
Las Farc también realizaron el llamado plan pistola contra la Fuerza Pública, con ataques a estaciones de policía y emboscadas a patrullas que acudían a responder falsas denuncias.
Estas acciones terroristas han sido pensadas como una demostración de poder para amedrentar al Estado y a la población, con la errada convicción que de esa manera llegarían imponiendo condiciones en una negociación para la eventual entrega de armas. Con esos episodios lo único que obtuvieron estas organizaciones fue el incremento de las operaciones militares, con el consecuente debilitamiento de sus fuerzas y el repudio de los colombianos, ante el temor que causa el terrorismo.
Para las Farc no fue diferente, prueba de ese rechazo cosechado durante tantos años dedicados a la práctica de atentados terroristas es el escaso apoyo obtenido en las urnas, una vez hicieron la dejación de armas y se sometieron a las reglas de la democracia en las pasadas elecciones legislativas.
La forma en que fueron asesinados 4 patrulleros en El Tambo (Nariño) y en Arauca, muestra la manera cobarde como la guerrilla comete estas acciones. Al estilo de los sicarios al servicio del narcotráfico buscan a sus víctimas, disparan y corren a esconderse, en el caso de los crímenes en el puente internacional “José Antonio Páez” de Arauca, en territorio venezolano.
La muerte de los uniformados se suma a los 22 jóvenes de la Policía que fallecieron luego del atentado con carrobomba en la Escuela “General Santander”, lo que permite concluir que no son hechos aislados, hacen parte de una estrategia de homicidios contra integrantes de los organismos de seguridad.
Se suman a estos hechos los siete atentados contra el oleoducto en el oriente del país, durante los escasos dos meses transcurridos en lo corrido del año, causando graves afectaciones en la región y un desastre ambiental difícil de superar.
Las ejecuciones perpetradas por el ELN deben tener consecuencias. Ya el presidente de la República suspendió los diálogos en Cuba a raíz del carrobomba, los recientes crímenes alejan cada vez más las oportunidades de instalar nuevamente una mesa de conversaciones. No da espera la ofensiva militar que debilite las filas de esa guerrilla.
Los homicidios de los patrulleros Juan Carlos Barreto, Álvaro Iván Marín, Jeison Alfonso Bejarano y Óscar Alberto González no pueden quedar en la impunidad, fueron jóvenes que dieron su vida para proteger la seguridad de los colombianos.
