y por su gente. Ahora, que a muchos no se le han dado las cosas con exactitud y precisión, es otra cosa, pero esto no les demerita ni desdibuja sus buenas intenciones.
Este encabezamiento es para sentarme en un análisis que quisiera que fuera tomado por los señores alcaldes actuales y lo trabajen integralmente el resto del año para darle manejo a unas situaciones que probablemente sus propuestas de gestión no hacen parte del Plan del Gobierno que presentaron a la Registraduría, pero que se han ido engrosando sus contenidos y desenvolvimientos día a día de tal manera que las actuales circunstancias diarias las hacen ver como de urgente necesidad solucionarlas y ponerlas en cintura. Por eso, como yo creo que los alcaldes han tenido deseo de controlar los riesgos en sus municipios, es evidente que estos ahora son prioridad.
El primero, el servicio alterno del mototaxismo. Actualmente no solo el desborde en número de unidades de transporte, sino que esto ha conllevado a que se perciba una suerte de “desmadre” de la situación que ya se está asociando este servicio con toda clase de desórdenes, delitos y anarquía. Todos sabemos que no es legal este servicio, pero todos aceptamos que es una alternativa laboral, por lo tanto, no se le puede dar el trato de actividad legal pero tampoco es para montar operativos únicamente de persecución y prohibición de la actividad.
Si partimos de que es una actividad hecha por personas para el servicio de las demás personas, podemos concluir inicialmente que se puede institucionalizar, o sea, organizar como una actividad donde participa el hombre. Entonces es posible que se organice su desenvolvimiento, que se establezcan reglas para su desempeño, que se les eduque para prestar un buen servicio, que se les controle para que se eviten criminalización y sean actores de la sociedad que puedan convivir decentemente y sean tratados con consideración y respeto como ellos deben tratar a los demás.
Una de las preguntas que surge es ¿cómo se logra? Y una de las respuestas que se tienen es que se requiere entereza, mano dura y trato humano. Esto para que entiendan que sin ser un servicio legal pueden convivir respetando normas, acatando principios de la seguridad ciudadana y seguridad vial, y entendiendo que cada pueblo es un territorio limitado y que cada uno tiene derecho a su permanencia en él para vivirlo y disfrutarlo.
Para eso, debe ser prioritario que involucremos al Sena o la Universidad de La Guajira, la Cámara de Comercio de La Guajira, a las oficinas de Prevención y Gestión del Riesgo de Desastre, las secretarias de Planeación, Gobierno, Tránsito y de Cultura o un ente municipal o contratado que lidere un programa que cumpla con las variables que se requieren para transformar la actual agresiva realidad que se vive con este servicio y sus prestadores.
Ahora, cuando decimos que es un trabajo integral de los alcaldes es porque deben involucrar de manera importante a los demás ciudadanos, principalmente peatones, conductores de otros vehículos como automotores, motocicletas y bicicletas.
Esto no es una utopía, esto no es un imposible. Esto requiere voluntad y decisión y unos funcionarios que sean los primeros convencidos que esto es posible, que se puede dar y se puede institucionalizar para que sea sostenible.
La otra situación es dependiente de la actual situación que estamos viviendo con relación a la migración venezolana. Aclaro desde el principio, mi planteamiento no tiene el más mínimo asomo de xenofobia, discriminación o “cierre de puertas” a una población hermana, pero tanto ellos como nosotros debemos ser consciente que hay que cumplir normas mínimas para vivir en sociedad. Por lo tanto, es necesaria la organización social de esta población para que al igual que nosotros todos estemos bajo el rigor de la ley y en el imperio de las buenas costumbres.
¿Hacia dónde apuntan mis recomendaciones? Hacía evitar más adelante la conformación de grupos de defensa o colectivos de venezolanos para, o apoderarse de algunas actividades como, por ejemplo, el mototaxismo, mecánicos, el comercio ambulante y otras labores; o apoderarse de zonas o barrios para marcar territorialidad y generar “zonas exclusivas” con imposición de violencia y pérdida de la autoridad municipal.
Esto requiere de una acción coordinada de la Policía, Personería, secretarias de Gobierno, de Acción Social y líderes de las JAC de cada barrio. Esto no es para tenderles cerco a los inmigrantes. Ellos deben comprender que la convivencia en un municipio es igual para todos, pero si todos nos sometemos a las normas y leyes colombianas.
Esto también debe ser trabajado intensamente. Ojalá que se entienda la prioridad del mensaje para que no sea una lamentación más tarde.
