Quienes provenimos de pueblos remotos con origen arraigado en familias modestas, cuyo mayor dote es la nobleza, afianzada por el candor e inocencia, no perdemos la capacidad de asombro ante la perfidia, la malignidad humana. Más aún, si los autores de actos pérfidos son los gobernantes y sus adláteres. En la adolescencia nos asombraban los asesinatos en serie, la matanza de Pozzeto y demás atrocidades propias de ambientes urbanos, acontecimientos distantes de la ingenuidad de ciudadanos ubicados en aldeas, habitadas por vecinos pródigos en solidaridad, bonhomía y demás atributos que aún conservan los provincianos.
Esta reflexión me viene a la memoria a raíz de la constatación, de la veracidad de los hechos que, en el momento del acaecimiento que examinamos en esta columna, se nos antojaban ilógicos. El asombro en esta ocasión nos los produce la conducta recientemente develada del exfiscal Martínez Neira. Existían dudas, quedaron despejadas.
Para la época del suceso, confrontábamos la tontería, estupidez, de Santrich y de las Farc versus la capacidad y disposición de un individuo a cargo de la Fiscalía de tejer una estratagema pérfida para tirarse el Acuerdo de La Habana. No perdamos de vista que el nominador de este sujeto para ser incorporado en la terna –fue Santos–. Más de una vez se ha dicho que la inclusión de Martínez Neira fue petición expresa del señor Sarmiento Angulo, el hombre más rico del país, una de sus empresas, Corficolombiana socia de Odebrecht se encontraba y aún lo está, con el agua hasta el cuello, en el escándalo de corrupción de la multinacional brasilera. Dados sus estrechos vínculos con el Grupo Aval, el hombre indicado para echarle tierra a los actos de corrupción que enredaban a Corficolombiana, era justamente Martínez Neira. Suficientemente conocidos los turbios sucesos con extraños envenenamientos incluidos que lo involucran.
Este maquiavélico individuo ha tenido la astucia para ocupar indistintamente prominentes cargos en los gobiernos de los últimos años, Gaviria, Samper, Pastrana, Uribe, Santos, ahora designado por Duque a la embajada en España. Inaudito, pero no es el único que desde las esferas del alto gobierno aprovecha para hacer daño deliberadamente, asumir conductas propias de avezados delincuentes, urdir semejante tramoya para tirarse al proceso de paz, y de paso beneficiar política, económica y judicialmente a un grupo de poderosos a los que ha representado como abogado, y que figuraban entre los potenciales convocados a la JEP para rendir versiones, esclarecer responsabilidades como terceros intervinientes en el conflicto, y contar verdades.
Martínez ha sido uno de los principales francotiradores del Acuerdo de Paz, particularmente de la JEP. Encaja dentro de los perfiles de Sutherland para definir un delincuentes de “cuello blanco” motivado por su insaciable voracidad económica y por su inagotable y desbordado afán por alternar con plutócratas criollos. El exfiscal, ternado por una de las bestias negras del uribismo –Santos–, ahora es un aliado incondicional del gobierno Uribe-duquista, “cójanme ese trompo en la uña”. Su trayectoria y el cobijo por el uribismo refleja la podredumbre ética y moral de la política criolla. La designación como embajador en España, a la par de premiadlo por su rol saboteador del proceso, es el corolario del fango al que ha descendido la escala de valores en los ámbitos del Palacio de Nariño.
El gobierno y la clase dirigente están inmersos en una verborrea antinarcótico que se les devuelve como un boomerang, importantes aliados surgidos de las entrañas del narcotráfico, las clientelas y el control político regional en manos de mafias con origen narco paramilitar, cófrades del gobierno central. Conocido de autos el financiamiento de campañas por reconocidos jefes paramilitares. Consta en la contabilidad que ‘La Gata’ aportó a la campaña Uribe. Informes recientemente desclasificados de la DEA y el Pentágono evidencian, o por lo menos sugieren complicidad, vínculos del jefe del partido de gobierno con el narcotráfico y bandas paramilitares. La narrativa del uribismo en torno al narcotráfico es hipócrita, adolece un doble rasero. Altos funcionarios –vicepresidenta incluida– realizan negocios inmobiliarios con narcos invisibles, embajadores con fincas en las que funcionan narcolaboratorios; financiamiento de campaña electoral presidencial con dineros aparentemente aportados por testaferros del narcotráfico. Paralelamente hacen ingentes esfuerzos por desacreditar al Acuerdo de Paz y a la JEP, y supuestamente las Farc seguían en el negocio del narcotráfico.
