Un pueblo formado, un pueblo instruido, es un pueblo feliz. “El triunfo sobre la ignorancia es muy brillante y glorioso y prepara la felicidad de los pueblos que, cuanto más ilustrados, conocen mejor sus derechos y se hacen más dignos de su libertad”. Y esa es la misión de la universidad pública en palabras de un prócer de la patria. Por eso a la Universidad de La Guajira no se le puede impedir su desarrollo para que cumpla con su misión.
Pero la situación financiera por la que está pasando no es fácil, ante el incumplimiento de los compromisos adquiridos de parte de la Gobernación para la transferencia de recursos, y se acostumbró a no cancelar de manera oportuna las obligaciones correspondientes a los recursos de Ley 30 y el subsidio de matrícula de los estudiantes beneficiados con las Ordenanzas 214 de 2007 y 232 de 2008.
En varias ocasiones esto ha conducido a que los docentes y estudiantes lleven a cabo protestas y suspendan las actividades académicas. Las Ordenanzas son actos administrativos de obligatorio cumplimiento y la Gobernación no puede determinar cuáles cumple y cuáles no.
La situación puede empeorar si se llega a mantener ese Tocontruni: todos contra la Universidad, que al parecer, se está promoviendo desde la Gobernación.
Ahora se está sugiriendo llevar a la Asamblea departamental un proyecto para modificar las Ordenanzas 214 y 232 con las cuales se estableció una política general de ayudas, becas y subsidios a la educación superior pública, y la creación del fondo educativo de apoyo para la educación superior pública en el departamento de La Guajira. Esa es la gratuidad.
Sin embargo, como una ironía, el actual gobierno departamental que se autodenominó ‘Unidos por el cambio’ parece que está mirando por encima del hombro a la educación superior pública que se imparte desde la Universidad de La Guajira, y pretende modificar el objetivo de esas Ordenanzas.
¿Ese es el cambio? ¿O se trata de un complejo de superioridad porque el gobernador en un gesto de arrogancia se considera egresado de mejores instituciones universitarias, y por tanto le interesa poco la Universidad del Departamento que gobierna? Así no es.
¿Cuál es el objetivo? Sean claros. Y no procedan de manera subrepticia y solapada. Saquen su casta guajira actuando de frente.
Pero tampoco duden que un eventual fracaso de la Universidad de La Guajira, en cualquier sentido, también será un fracaso del gobernador porque es quien preside el Consejo Superior de la alma máter. ¿O es muy difícil entender esa relación?
Ahora bien, si en gracia de discusión, lo que quieren es sacar al rector Carlos Arturo Robles Julio, por intereses politiqueros, o porque no sea de la complacencia del gobierno departamental, o por cualquier otro interés, el que sea, entonces no deben ser tan mezquinos haciéndolo de la manera como lo están llevando a cabo, perjudicando a la comunidad universitaria, ahogando a la universidad financieramente, con una actitud de tal naturaleza que le niega derechos a la causa de los estudiantes. Más bien utilicen las vías democráticas incluyendo el candidato de sus intereses en la próxima conformación de la terna, y hagan lo necesario para promover su elección.
De acuerdo con la información institucional que he obtenido en el Ministerio de Educación, y con base en la que se publica a través del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (Snies) he llegado a la conclusión que, en el aspecto institucional, en la misión que debe cumplir, la Universidad de La Guajira debe ser un orgullo para los guajiros de cualquier condición, nivel, credo o ideología, y debe estar por encima de cualquier milimetría politiquera.
Sugiero de manera respetuosa acudir a un amigable componedor para solucionar el conflicto, conversando de manera civilizada y de frente. Incluso, la ocasión es propicia para utilizar la institución tradicional del palabrero wayuú, que ha sido reconocida por la Unesco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, y con base en una comisión de garantes integrada por personas de reconocimiento y credibilidad ayude a resolver el problema.
Hago un llamado respetuoso al contralor Departamental para que se concentre en sus funciones y no se constituya en defensor de la administración que debe controlar, sino que lleve a cabo su función exigiendo el cumplimiento de lo establecido en las Ordenanzas 214 y 232 porque en esa dirección es que debe concentrar su deber institucional.
