Por Luis Antonio Gómez Peñalver
¿Se acuerdan de los niños wayuú? Pregunto porque siempre he logrado apreciar que se nos olvidan las cosas, al parecer sufrimos de alguna clase o especie de amnesia colectiva, se las voy a refrescar por si se les olvidó, por allá en el 2014 cuando estalló el escándalo nacional e internacional sobre la muerte de niños indígenas wayuú por enfermedades asociadas con la desnutrición que se estaban (aún se están muriendo de hambre) para ese entonces según informes periodísticos e institucionales, en un periodo de 6 años habían muerto alrededor de 4 mil niños por las razones antes mencionadas, inmediatamente se iniciaron las campañas de organismos multilaterales, Gobierno nacional, Estado colombiano y organizaciones no gubernamentales, luego al cabo de poco tiempo, paso el tema de medios y como siempre pasa, todo quedó ahí, ya nadie habla del tema.
¿Entonces los niños ya no se están muriendo? Luego de que la comunidad internacional tuviera conocimiento de la situación, la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos le otorga medidas cautelares a la nación wayuú (resolución número 60) exhorta al Gobierno nacional a que desarrolle medidas integrales para ayudar a mitigar la situación, desafortunadamente esto no sirvió de mucho, luego en el 2017 la Corte Constitucional declaró al pueblo indígena wayuú estado de cosas inconstitucionales y ordenó al Estado colombiano a que concentrara todas sus instituciones en pro de la nación wayuú (sentencia T-302) y desarrollará planes a corto, mediano y largo plazo para ayudar a superar la situación.
¿Qué pasó desde 2017? Increíble, desde entonces el Gobierno nacional ha solicitado dos prórrogas para la presentación del plan de acción, ya han pasado casi 4 años y aún la sentencia no se ha cumplido, de momento es letra muerta, pero lo más impresionante de todo esto es que el Tribunal de Riohacha ha concedido las prórrogas, como si esto fuera poco, este mismo Tribunal está de momento estudiando la posibilidad de una nueva prórroga, increíble, mientras todos estos estudios se hacen oficialmente, han muerto más de 60 niños (año 2020), esto sin incluir los subregistros (niños muertos por la misma situación y que no fueron reportados), el problema en este Departamento no es reciente, ni es coyuntural. Más allá de las diferencias relacionadas con las cifras de mortalidad por desnutrición y las polémicas relacionadas con el motivo de las muertes de niños en el Departamento, la realidad es que existe una tragedia humanitaria que afecta a la etnia en particular, que se traduce en sufrimiento humano y que resulta como muchos han afirmado, en una vergüenza para un Estado Social de Derecho, como está declarado el Estado colombiano. La problemática es compleja y reviste suprema gravedad.
¿Pero que tan integrada está la sentencia T-302 en los planes territoriales de las alcaldías de Riohacha, Uribia, Maicao y Manaure? ¿Cuáles han sido los avances sobre este tema? La socialización de la sentencia está atrasada, el suministro de agua solamente ha podido aumentar de un 4% a un 9%, se estima que solo un tercio de la población wayuú tiene conocimiento sobre el mandato de la Corte, Human Rights Watch estima que al menos un niño wayuú muere a la semana por desnutrición, de los 29 pozos súper profundos que construyeron para darle agua a las comunidades solo funcionan 3, ¿quién responde? ¿Hay pólizas de cumplimiento? ¿Qué dice la Procuraduría?
Vale destacar que a la sentencia T-302 se le suma una gran variedad de precedentes jurisprudenciales que se dieron justamente en busca de solucionar o minimizar la situación.
Si a toda esta penosa situación le aunamos la llegada del Covid-19, la incapacidad de la Asunción Temporal en el sector educativo para implementar un transporte escolar que pueda garantizarles a los niños wayuú ser dignos de recibir educación y la insostenibilidad de la salud, fácilmente podríamos vaticinar un futuro poco promisorio para estos niños, ojalá y por primera vez el Estado colombiano y sus instituciones junto con el Gobierno nacional le queden bien a estos niños, ningún niño merece pasar este calvario. Hacemos un llamado para que se cumpla a cabalidad el mandato de la Corte Constitucional.
