Tres demandas pretenden anular la elección del defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, quien se posesionó el pasado 7 de septiembre. Solo una de ellas ha sido admitida hasta el momento, la presentada por el representante a la Cámara David Racero, por la Coalición de la Decencia.
La demanda radicada por Racero cuestiona que el defensor Camargo no cumplió con los requisitos de experiencia profesional para asumir en el cargo, concretamente con los 15 años de experiencia profesional en derecho que se requieren, al igual que se les exige a los magistrados de las altas cortes.
«En un análisis estricto de las hojas de vida, se comprueba que el candidato Carlos Camargo Assis -elegido como Defensor del Pueblo- y la candidata Miriam Martínez, no acreditaron la experiencia de ejercicio de 15 años de la profesión de abogado con buen crédito, ni acreditaron haber tenido cargos en la Rama Judicial o en el Ministerio Público en ningún periodo, lo cual da lugar a la declaración de nulidad de la elección realizada el 14 de agosto de 2020 en la Cámara de Representantes, pues no reúnen las calidades y requisitos constitucionales o legales de elegibilidad», advierte la demanda.
Racero advierte que Camargo se graduó de abogado en 2003, pero que no necesariamente lleva todo ese tiempo ejerciendo como abogado.
Según los cálculos de su demanda, sólo cuenta con 10 años y 9 meses de experiencia profesional en el derecho, pues su rol en la Federación Nacional de Departamentos no exigía, estatutariamente, ser abogado para asumir en el cargo.
Sobre la empresa Warning Seguridad, en la que el defensor trabajó como asesor jurídico, Racero advierte que hubo una irregularidad y es que le están contando tiempo desde antes de que se haya graduado como abogado, el 17 de diciembre de 2003, y antes de que recibiera su tarjeta profesional, cosa que ocurrió en marzo de 2004.