Mis palabras en la plenaria del Senado en 1998 al oponerme a la privatización de la prestación del servicio de energía en la región Caribe, afirmando que íbamos a salir de las llamas para caer en las brasas, resultaron premonitorias. 22 años después podemos decir que la calidad de la prestación de este servicio esencial por parte de Electricaribe no está mejor que cuando estuvo peor, violando flagrantemente la Ley eléctrica y la de Servicios públicos que establece que tal servicio se debe prestar con eficiencia, calidad y continuidad.
Electricaribe, con sus continuos y prolongados cortes de energía, muchas veces disfrazados con supuestos “mantenimientos”, así como las recurrentes oscilaciones de voltaje con el consiguiente daño de los electrodomésticos, se convirtió en una pesadilla para sus resignados usuarios. Como lo afirmó la Superintendencia al momento de proceder a intervenirla el 14 de noviembre de 2016, “la toma de posesión de Electricaribe es una decisión proporcional a los hechos que le sirvieron de fundamento”. Y no era para menos.
La intervención de Electricaribe por parte de la Superintendencia derivó en su liquidación y la apertura posteriormente de un proceso para el cambio de operador de red del mercado del Caribe, el cual terminó segmentándose en dos, Caribe Mar y Caribe Sol. El Fondo empresarial de la Superintendencia le inyectó a Electricaribe $5.4 billones, de los cuales $860.000 millones para invertir en la infraestructura en las redes de transmisión local y de distribución.
Entretanto, se aprobó a través de la Ley 1955 de 2019 del Plan Nacional de Desarrollo un salvavidas para mantener a flote a la empresa y posibilitar la consecución de los dos nuevos operadores. Al tiempo que la Nación asumió el pasivo pensional y prestacional de $1.53 billones, “con el fin de asegurar la prestación eficiente y sostenible del servicio” se facultó al Gobierno nacional “para establecer un régimen transitorio especial en materia tarifaria”.
El pasado 20 de marzo se adjudicó el mercado de Caribe Mar a las Empresas Públicas de Medellín, que comprende Bolívar, Córdoba, Sucre y Cesar y el de Caribe Sol, Atlántico, Magdalena y La guajira al Consorcio Energía de la Costa, en proporción de 10.9% y 10.8%, respectivamente, de los 2.7 millones de usuarios, que representan el 23% de la demanda de energía en Colombia.
Se espera que ahora que se apaga Electricaribe y a partir del 1º de octubre los nuevos operadores asumen el control del servicio, cese la horrible noche que hemos padecido los usuarios y se le ponga coto a los abusos de los cuales han sido objeto.
