El Gobierno nacional prepara un proyecto de “estatuto antiterrorista” que establecería una lista de organizaciones que serían catalogadas como terroristas y definiría medidas especiales para enfrentar sus actividades, según informó el ministro del Interior, Rodrigo Lara.
La iniciativa, que hace parte de la estrategia del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella para combatir a los grupos armados, contemplaría disposiciones en materia penal y penitenciaria, además de mecanismos dirigidos a combatir las rentas ilícitas de estas organizaciones. Lara explicó ante el Congreso que se busca crear un estatuto específico para las organizaciones que sean incluidas en las listas oficiales que determine el Gobierno.
El ministro también anunció un fortalecimiento de las capacidades de inteligencia del Estado, con el objetivo de prevenir atentados y facilitar la obtención de información. Asimismo, señaló que se contempla la creación de “órganos especiales” dentro de la Justicia para enfrentar a las organizaciones que sean catalogadas como terroristas.
Por ahora, el Gobierno no ha revelado cuáles grupos serían incluidos en la eventual lista ni ha entregado detalles sobre el contenido definitivo del proyecto. Una fuente del Ministerio del Interior confirmó que la iniciativa todavía se encuentra en elaboración y que, una vez exista un texto definitivo, será socializado. Tampoco existe, hasta el momento, una fecha definida para su presentación ante el Congreso.
El antecedente de 2003
La propuesta tiene un antecedente en Colombia. En 2003, durante el primer Gobierno de Álvaro Uribe, el Congreso aprobó el Acto Legislativo 02 de ese año, mediante el cual se modificaban cuatro artículos de la Constitución para ampliar las facultades del Estado en la lucha contra el terrorismo.
Entre las medidas contempladas entonces estaban las interceptaciones de comunicaciones, detenciones y registros domiciliarios sin orden judicial previa, aunque sujetos a controles posteriores de la Procuraduría y de los jueces.
La Corte Constitucional declaró inexequible esa reforma debido a un vicio en su trámite legislativo. El alto tribunal determinó que durante una votación en la Cámara de Representantes se habían eliminado indebidamente los efectos de una votación que no había obtenido la mayoría absoluta requerida.
Por esta razón, la Corte no estudió de fondo varios de los cuestionamientos relacionados con la compatibilidad de esa reforma con principios esenciales de la Constitución.
El alcance dependerá del proyecto
El contenido definitivo del nuevo estatuto será el que determine el alcance de las medidas anunciadas por el Gobierno. De acuerdo con lo anticipado por Lara, el régimen estaría dirigido específicamente a las organizaciones que sean incluidas en una lista oficial y contemplaría medidas especiales en materia penal y penitenciaria, mecanismos contra sus rentas ilícitas, fortalecimiento de la inteligencia y órganos judiciales especializados.
La eventual propuesta no implicaría necesariamente la creación de nuevas herramientas para combatir el terrorismo, debido a que Colombia ya cuenta con delitos, penas y mecanismos destinados a perseguir estas conductas y las fuentes de financiación de los grupos armados ilegales. La novedad estaría en la posibilidad de articular esas herramientas dentro de un régimen específico para las organizaciones que sean catalogadas como terroristas por el Gobierno.
