El presidente Abelardo De la Espriella ha comenzado su Gobierno con una afirmación que merece ser respaldada: Colombia debe gobernarse desde las regiones. Su posesión fuera de Bogotá y su compromiso de trabajar directamente con gobernadores y alcaldes constituyen una señal importante frente a un centralismo que durante décadas ha concentrado los recursos, las decisiones y las oportunidades en unas pocas ciudades.
Celebro este anuncio porque la descentralización no es para mí una idea reciente ni una consigna motivada por la coyuntura política. Ha sido una convicción que he defendido en distintos escenarios públicos y que desarrollé académicamente en mi trabajo de grado, titulado Impacto de la categorización de los departamentos en la regionalización administrativa de la Región Caribe de Colombia.
En esa investigación sostuve que la promesa consagrada en la Constitución de 1991 —una República unitaria, descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales— no ha trascendido plenamente del papel a la realidad. Treinta y cinco años después, Colombia continúa padeciendo un modelo en el cual las regiones administran responsabilidades, pero no siempre cuentan con los recursos, las competencias ni la verdadera capacidad de decisión para atenderlas.
La Guajira conoce muy bien esa contradicción. Somos un Departamento estratégico para Colombia: tenemos frontera internacional, salida al mar Caribe, recursos minero-energéticos, potencial solar y eólico, diversidad cultural, riqueza turística y una posición geográfica privilegiada. Sin embargo, seguimos enfrentando pobreza, dificultades de acceso al agua potable, debilidades en salud y educación, insuficiencia de infraestructura, informalidad económica y una deuda histórica con el pueblo wayuú y con las comunidades más vulnerables.
Durante años, muchas de las decisiones que afectan nuestro territorio se han tomado desde escritorios distantes, sin comprender suficientemente nuestra geografía, nuestra cultura y las condiciones particulares de la Alta, Media y Baja Guajira. Se diseñan políticas homogéneas para realidades distintas y después se responsabiliza a los territorios por resultados que también son consecuencia de un Estado excesivamente centralizado.
Por eso, gobernar desde las regiones no puede reducirse a trasladar reuniones, instalar sedes alternas o realizar consejos de ministros fuera de Bogotá. La descentralización verdadera significa transferir poder, competencias y recursos. Significa que los departamentos puedan participar efectivamente en las decisiones sobre su desarrollo, ejecutar con mayor agilidad y responder directamente ante sus ciudadanos.
También implica revisar la categorización de los departamentos. En mi trabajo advertí que un sistema fundamentado principalmente en la población y los ingresos corrientes de libre destinación termina tratando de la misma manera a territorios que parten de condiciones profundamente desiguales. La categorización no puede convertirse en un castigo para los departamentos con menor capacidad fiscal, porque precisamente son esos territorios los que necesitan mayor fortalecimiento institucional e inversión pública para cerrar sus brechas.
Apoyo igualmente la consolidación del Caribe como Región Entidad Territorial. Pero debemos evitar que la regionalización simplemente sustituya el centralismo de Bogotá por un nuevo centralismo dentro del Caribe. La región tiene brechas internas evidentes: La Guajira no posee las mismas capacidades fiscales, administrativas ni de infraestructura de Atlántico o Bolívar. Por eso, la integración regional debe sustentarse en principios de solidaridad, equidad y compensación territorial, garantizando que los departamentos históricamente rezagados reciban una atención diferencial.
La autonomía regional tampoco puede entenderse como un cheque en blanco. Más recursos y competencias exigen mayor transparencia, planeación, capacidad técnica, participación ciudadana y control social. La corrupción ha sido uno de los argumentos utilizados para justificar el centralismo; la respuesta debe ser fortalecer las instituciones territoriales y sancionar a quienes defrauden la confianza pública, no privar a comunidades enteras del derecho a decidir sobre su propio desarrollo.
La reforma al Sistema General de Participaciones representa una oportunidad, pero su éxito dependerá de una Ley de Competencias que distribuya con claridad las responsabilidades y asegure los recursos necesarios. No se pueden trasladar nuevas obligaciones a gobernaciones y alcaldías sin entregarles financiación suficiente. Eso no sería descentralización, sino descentralizar los problemas y conservar centralizadas las soluciones.
El presidente ha abierto una puerta que las regiones debemos aprovechar. Desde La Guajira debemos presentar una agenda concreta: agua potable, seguridad fronteriza, vías, salud, educación, transición energética con beneficios para las comunidades, fortalecimiento institucional y participación efectiva en las decisiones sobre nuestros recursos.
Descentralizar no significa dividir a Colombia. Significa unirla desde sus diferencias, acercar el Estado al ciudadano y reconocer que los territorios conocen sus necesidades y también pueden construir sus soluciones.
La Guajira no está pidiendo privilegios. Está reclamando equidad, autonomía y la oportunidad de decidir responsablemente su futuro. Si el nuevo Gobierno quiere demostrar que gobernará desde las regiones, aquí encontrará un territorio dispuesto a trabajar, pero también decidido a exigir que la descentralización deje de ser una promesa y se convierta, finalmente, en una realidad.
