El próximo domingo 8 de marzo los colombianos volveremos a las urnas para elegir el Congreso de la República y participar en consultas presidenciales que empezarán a perfilar el panorama político del país. Para muchos ciudadanos estas elecciones pasan desapercibidas o se perciben como menos importantes que las presidenciales. Sin embargo, la realidad es distinta: lo que se decide ese día tiene un impacto directo en la dirección política, económica y social de Colombia durante los próximos años.
El Congreso no es un escenario secundario. Allí se aprueban las leyes, se definen reformas estructurales, se ejerce control político al Gobierno y se discute el presupuesto nacional. En otras palabras, es el lugar donde se concretan o se bloquean las decisiones que afectan la vida cotidiana de millones de personas. Un presidente sin mayorías en el Congreso difícilmente puede desarrollar su agenda; y un Congreso desconectado de la realidad regional termina perpetuando problemas que llevan décadas sin resolverse.
Por eso, las elecciones legislativas también son profundamente regionales. En departamentos como La Guajira, por ejemplo, la Cámara de Representantes debería ser el escenario natural para que las necesidades del territorio lleguen al centro del poder político. La infraestructura, el acceso al agua, la salud, la conectividad y las oportunidades económicas dependen en buena medida de la capacidad que tengan nuestros representantes para gestionar recursos y ejercer presión institucional.
Sin embargo, el debate electoral suele quedarse atrapado en una lógica que se repite elección tras elección: los mismos apellidos, las mismas estructuras políticas y, en muchos casos, los mismos resultados. Se escucha con frecuencia el discurso de que es necesario ‘cambiar el chip’, modernizar la política o renovar las prácticas electorales. Pero ese discurso se convierte en un contrasentido cuando quienes lo pronuncian son precisamente los mismos que han tenido durante años la posibilidad de hacerlo y no lo han hecho.
Cambiar el chip no es un eslogan; es una decisión ciudadana. Y esa decisión empieza por algo tan simple como necesario: leer, investigar, preguntar, revisar trayectorias y entender qué han hecho realmente los candidatos que buscan nuevamente el voto. La democracia no se fortalece con campañas ruidosas ni con promesas repetidas, sino con ciudadanos informados que votan con criterio.
En el escenario nacional también se está dando un debate importante sobre el rumbo del país. El actual Gobierno ha planteado una agenda de reformas y de inversión pública que busca corregir desigualdades históricas. Más allá de las posiciones políticas, es innegable que en regiones como La Guajira se han anunciado y ejecutado proyectos que durante años parecían imposibles: hospitales que empiezan a levantarse después de décadas de abandono, lanchas para mejorar la conectividad de comunidades costeras y, recientemente, el anuncio de cerca de 3,3 billones de pesos en inversión vial para el Departamento, presentado por la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.
Estas obras no resuelven de un día para otro todos los problemas estructurales del territorio, pero sí muestran que cuando existe voluntad política y presión institucional las cosas pueden empezar a moverse. Y allí es donde el papel del Congreso vuelve a ser determinante: los representantes y senadores tienen la responsabilidad de acompañar, vigilar y fortalecer estas inversiones para que no se queden en anuncios ni en obras inconclusas.
Por eso es tan importante que los ciudadanos voten pensando en el largo plazo y no en los beneficios inmediatos. Cada elección reaparece un fenómeno que todos conocemos, aunque muchos prefieren ignorarlo: la compra y venta de votos. Es una práctica que deteriora la democracia y que termina convirtiendo el voto en una simple transacción económica. Pero lo más grave es que sus consecuencias se sienten durante cuatro años.
Cuando un voto se vende, se renuncia también a exigir resultados. Cuando se cambia el derecho ciudadano por un favor momentáneo, se abre la puerta para que quienes llegan al poder se sientan liberados de cualquier compromiso real con la comunidad. Después vienen las quejas, la frustración y la sensación de que nada cambia. Sin embargo, muchas veces olvidamos que el origen de ese ciclo está en el mismo momento en que se negocia el voto.
La compra de votos no solo es una mala práctica política; es una forma de impedir que lleguen las obras que necesitamos. Es la manera más eficaz de garantizar que los mismos de siempre sigan mandando, reproduciendo estructuras de poder que han demostrado durante años su incapacidad para transformar la realidad del territorio.
El 8 de marzo no es simplemente una fecha electoral más. Es una oportunidad para que la ciudadanía decida si quiere seguir atrapada en las mismas dinámicas o si está dispuesta a asumir la responsabilidad de informarse, comparar y votar con conciencia. La democracia no se defiende solo con discursos: se construye con decisiones individuales que, sumadas, terminan definiendo el rumbo de un país y de sus regiones.
Y en esa decisión, más que cambiar el chip en abstracto, lo que realmente importa es cambiar la forma en que elegimos a quienes nos representan. Porque al final, el Congreso que elijamos será el país que tendremos.
