El homicidio del joven alemán Elxnat Leif Lino, ocurrido en la zona de Cuatro Vías, vuelve a exhibir una paradoja que Colombia se niega a reconocer: mientras las comunidades indígenas reclaman con insistencia sus derechos, y la Constitución se los garantiza, hoy nadie ha dicho una palabra sobre este crimen, ni autoridades tradicionales, ni líderes comunitarios, ni organizaciones locales. El silencio es estruendoso. Y es doloroso.
Lo más preocupante: no es la primera vez que en esta zona ocurren hechos de violencia contra viajeros y residentes. De acuerdo con reportes periodísticos y denuncias ciudadanas, se han registrado episodios similares en años anteriores, sin que las autoridades, tradicionales ni estatales, hayan adoptado controles para prevenir estas agresiones. No puedo confirmar la individualización de los responsables en todos los casos, pero sí es verificable que la zona es reiteradamente señalada como un punto crítico de inseguridad, tanto por residentes como por usuarios de la vía.
En este contexto complejo, quiero reflexionar, desde la experiencia y desde la responsabilidad cívica— sobre una realidad que durante años he observado en La Guajira.
Las comunidades indígenas en La Guajira reclaman por todo lo que consideran vulnerado, y ese reclamo es legítimo: les falta todo. Pero al mismo tiempo existe una elasticidad legal que las ha convertido, en muchos casos, en solo sujetos de derechos y casi nunca de deberes. Es un tema incómodo, pero necesario de abordar si queremos construir un territorio más justo.
Por mandato constitucional, cuentan con exenciones y regímenes especiales en materia tributaria, salud, educación y justicia. Ese reconocimiento responde a una deuda histórica real, pero pareciera no tener fin. Creo, con respeto, que llegó la hora de revisar la manera como se implementan esas garantías, porque Colombia es una República unitaria, y ningún resguardo puede operar como un país aparte.
He observado que la indignación social se enfoca casi siempre en el Estado central o en los gobiernos locales. Sin embargo, muy pocas veces las comunidades cuestionan a quienes realmente administran los recursos destinados a ellas: las autoridades tradicionales y los líderes locales que reciben y ejecutan los dineros del Sistema General de Participaciones para salud, educación y agua potable.
Esos recursos existen, se transfieren y están publicados en los portales oficiales de transparencia. Pero nunca he visto un debate sobre su destino. ¿A quién le reclaman la mala ejecución? ¿Quién rinde cuentas?
Si los recursos llegan anualmente, ¿por qué siguen muriendo niños por desnutrición en La Guajira? No tengo cómo identificar responsables concretos, pero la pregunta es legítima: ¿dónde se rompe la cadena de atención?
En materia de etnoeducación, he conocido denuncias documentadas que señalan prácticas preocupantes: presiones a docentes, interferencias en su nombramiento y hasta exigencias económicas para permitirles trabajar en los centros educativos. Estas denuncias han sido llevadas ante autoridades y órganos de control sin que, hasta ahora, se observen resultados estructurales.
Es inadmisible que un modelo pensado para proteger la identidad cultural termine capturado por dinámicas de extorsión y control. La etnoeducación debía ser una oportunidad y parece un riesgo.
Otra injusticia evidente es la situación de los indígenas guajiros que no pertenecen a un resguardo y por tanto quedan por fuera de los beneficios y programas diferenciales en un limbo institucional. Sus necesidades no son distintas, pero sus derechos sí lo son. Esta desigualdad, avalada por omisiones estatales, profundiza divisiones que La Guajira no puede seguir normalizando.
Defender los derechos étnicos no puede significar blindar la impunidad ni justificar silencios que hieren. Y hoy, frente al asesinato de Elxnat Leif Lino, ese silencio duele más que nunca.
No pretendo desconocer la identidad ni la dignidad del pueblo wayuú. Por el contrario: su fuerza cultural debe ser parte de la solución. Pero no puede seguir existiendo una doble moral, donde todo se reclama hacia afuera y nada se exige hacia adentro.
La Guajira necesita que todas sus autoridades, estatales e indígenas, hablen, actúen y respondan. Callar frente a la violencia no protege a la cultura: la destruye.
Y callar frente a la injusticia no preserva la autonomía: la deslegitima. Los derechos étnicos son sagrados. Pero no pueden convertirse en territorios libres de responsabilidad.
Y como dijo el filósofo de La Junta: «Se las dejo ahí…”.
