“Yo soy el indio guerrero que supo defender su pueblo del extranjero con flecha y hacha, pero nada es valedero cuando la gente se vuelve ingrata y viene el dueño y se la arrebata”. Romualdo Brito ‘Yo soy el indio’, 1979.
Dicho y hecho, tal como lo habíamos advertido en nuestra columna publicada recientemente titulada ‘Línea negra …la vaina esta oscura’, así ha sucedido, seguramente sin estar enterado que está sembrando la semilla de un conflicto interétnico, el señor presidente de la República, Gustavo Petro firmó esta semana el nuevo Decreto por el cual se precisa el Territorio Ancestral de los pueblos arhuaco, kogui, wiwa y kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta, nuevo Acto Administrativo proferido en virtud de la nulidad decretada por el H. Consejo de Estado del Decreto 1500 de 2018 expedido en su momento por el presidente Juan Manuel Santos.
Con las mismas falencias Constitucionales y Legales que propiciaron la caída del anterior, la mano oculta que está detrás del tema logró que Petro cayera en la trampa con la firma del Decreto 0514 de 2026 por el cual reconoce 348 espacios sagrados garantizando su protección espiritual, cultural y ambiental para esos pueblos que como ya se dijo, no están asentados en el territorio que históricamente ha sido habitado por los wayuú y los afrodescendientes sino en la Sierra Nevada.
Lo malo no es que se haya incorporado oficialmente un modelo cartográfico que sirva de referencia para la planeación, formulación y ejecución de cualquier proyecto, lo malo es que como está concebido sobrepone la autoridad de las etnias que hemos mencionado sobre las competencias y la autonomía que los wayuú tienen sobre sus territorios ancestrales, como si sus laterales de otras etnias fueran sus superiores funcionales y además espirituales, lo cual constituye una provocación innecesaria y peligrosa colocando a las partes en el terreno del conflicto como ya sucedió en el Cauca y ha propiciado varias muertes .
No sé cuál fue el enemigo del presidente que le habló al oído para que firmara ese Decreto sin haberse realizado la consulta previa amplia, transparente y representativa que el tema ameritaba, olvidaron que por las mismas circunstancias naufragó en el Consejo de Estado el anterior Decreto con infracción directa del artículo 13 Constitucional y el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76a. reunión de la Conferencia General de la O.I.T. en Ginebra en 1989.
Es evidente que consecuentes con la prisa que tienen algunos oportunistas que viven de los indígenas, no viven para los indígenas, se realizaron unas caricaturas de consultas corriendo como si estuvieran peluqueando a un loco con abierto irrespeto a las comunidades presuntamente consultadas como si hubieran allí unas cartas marcadas desconociendo la importancia de los espacios de concertación y el deber que tienen de escuchar a las autoridades tradicionales, vulnerándoles su derecho fundamental a la consulta previa de “[…] las comunidades indígenas wayuú y Chimila y los Consejos Comunitarios de las comunidades negras los palenques de Juan y Medio, Los Moreneros, ‘El Negro’ Robles, Nelvis Aragón, Valentina Ospinto, Las Américas, Las Balsas, La Guayabita de Monguí, igual sucedió con los negros, Afrourranga, , La Nueva Esperanza de los Negros, Predio El Carmen, Los Trece Cruces de la Raya del Totumo, José Prudencio Padilla y Cascajalito.
No necesito ser mago para manifestar que una demanda por el medio de control de Nulidad ante el Consejo de Estado será maíz para los pollos, eso se cae por su propio peso por violación directa de los artículos 2. °, 7. °, 8. °, 79 y 330 de la Constitución Política, en la Ley 21 de 4 de marzo de 19914, en el artículo 6. ° del Convenio 169 de la OIT, en el artículo 46 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20115 y en el artículo 2.1.2.1.13 del Decreto 1081 de 26 de mayo de 20156, y le propina un golpe mortal a la autonomía de los departamentos del Cesar, Magdalena y La Guajira y de las Corporaciones Autónomas Regionales de esos Departamentos porque si las cosas quedan así, del mismo modo restringe también las competencias de los municipios que hacen parte del territorio delimitado por la Línea Negra, en razón no pueden adoptar ninguna medida institucional sin la previa consulta a los pueblos kogui, kankuamo, wiwa y arhuaco.
Las autoridades tradicionales no pueden seguir guardando silencio, los gobernadores y los alcaldes también se deben pronunciar, deberían solicitar una reunión directa presencial y sin interferencias de pájaros en el alambre con el señor presidente de la República porque con el plurimencionado Decreto afectan los derechos ancestrales sobre los sitios sagrados, los elementos culturales y territoriales, el derecho propio, la libre determinación, la autonomía y el Gobierno de las demás comunidades presentes en la Línea Negra pues esta es incluyente y multiétnica y multicultural, y el Gobierno nacional no puede caer en el error en que incurrió el presidente Santos cuando olvidó o le hicieron olvidar que los derechos de esas comunidades desconocidas por el nuevo Decreto y no consultadas para la expedición del nuevo Decreto están plenamente garantizados en los procesos de formulación, adopción e implementación de los planes de ordenamiento territorial, de acuerdo con la Ley 388 de 1997, los artículos 2.2.2.1.2.1, 2.2.2.1.2.6.3, y 2.2.2.1.2.4.6 del Decreto 1077 de 26 de mayo de 201513 y el artículo 23 de la Ley 1617 de 5 de febrero de 201314.
Definitivamente hay gente que trabaja para el jefe y otros que trabajan al jefe, tengo la absoluta seguridad que detrás de este acto Administrativo lesivo de los derechos de unas minorías que son objeto de especial protección constitucional hay gente pendiente de lograr conveniencias personales sin importarle la suerte de un grupo representativo, mayoritario, históricamente maltratado de seres humanos que piden solo justicia, piedad, comprensión y ser escuchadas por quienes fungen como sus gobernantes, quienes empujaron la expedición de ese Decreto amparados por la capucha de la oscuridad tarde o temprano quedarán descubiertos porque dudo que Petro tenga interés en atropellar a los afrodescendientes y los wayuú que lo ayudaron a elegir y que han defendido su política social.
Pienso que mediante la Acción de Lesividad y para que quede incólume el principio general de Confianza legítima, lo que es igual respecto del Acto propio el Gobierno nacional debería demandar su propio Acto con solicitud de Medidas Cautelares de urgencia, de lo contrario le va a salir más caro el ajo que la carne.
