Como lo anticiparon las encuestas, el balotaje en Chile fue ganado por el candidato de derecha José Antonio Kast. Con este resultado, y sumado a los giros políticos recientes en Ecuador, Bolivia y Honduras, ya son cuatro los países de la región donde la izquierda ha perdido el gobierno. No se trata de episodios aislados ni de simples alternancias de poder: estamos frente a un nuevo movimiento del péndulo político latinoamericano, que vuelve a inclinarse hacia la derecha.
Este viraje expresa, ante todo, el desgaste profundo de gobiernos de izquierda o de aquellos que, bajo la etiqueta amable de “progresistas”, prometieron transformaciones estructurales y terminaron administrando frustraciones. Poco hay de progreso en proyectos que no lograron reducir la pobreza, garantizar la seguridad ni fortalecer las instituciones, y que en varios casos derivaron en autoritarismo, represión o colapso económico, como lo evidencian los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Chile no fue ajeno a esa dinámica. La llegada de Gabriel Boric a la Presidencia en 2021 estuvo precedida por el estallido social de 2019, un episodio que sacudió los cimientos institucionales del país y abrió paso a una agenda refundacional impulsada desde la izquierda. Sin embargo, las altas expectativas chocaron pronto con la realidad: incapacidad de gestión, retrocesos en materia de seguridad, incertidumbre económica y una ciudadanía cada vez más distante de un gobierno que prometió cambios profundos y entregó resultados magros.
Antes de la segunda vuelta presidencial, cerca del 62 % de los chilenos desaprobaba la gestión de Boric. Ese dato no solo reflejaba el desgaste de un mandatario, sino el agotamiento de un modelo político que nació al calor de la protesta, pero fracasó en convertir la inconformidad social en gobernabilidad y bienestar.
En ese contexto, el triunfo de José Antonio Kast no resulta sorpresivo. Supo leer el clima de insatisfacción ciudadana y construir un discurso centrado en demandas concretas: recuperación del orden público, fortalecimiento del Estado de derecho, control de la migración irregular, reactivación económica, respeto a la propiedad privada y reducción de un Estado sobredimensionado e ineficiente. Más que una victoria ideológica, la suya fue una respuesta pragmática al cansancio social.
Además, logró articular a la derecha y atraer sectores del centro que entendieron que la continuidad del oficialismo representaba más incertidumbre que esperanza. La candidatura de Jeannette Jara, abanderada comunista y figura del gobierno, terminó convertida en un plebiscito sobre la administración Boric, y la mayoría de los chilenos optó por cerrar ese capítulo.
El paralelismo con Colombia es inevitable. En 2022, Gustavo Petro llegó a la Presidencia en un contexto muy similar al chileno: protestas masivas en 2021, profundo descontento social y un discurso de cambio que prometía corregir décadas de inequidades. A casi cuatro años de iniciado su mandato, el balance para amplios sectores de la ciudadanía es francamente negativo.
La llamada “paz total” derivó en una peligrosa claudicación del Estado frente a grupos armados ilegales, hoy fortalecidos territorial y políticamente. La violencia no disminuyó, la seguridad se deterioró y la sensación de desgobierno se extendió. A ello se suma el deterioro de las relaciones con Estados Unidos —aliado estratégico fundamental— y una corrupción persistente que ha minado la confianza en las instituciones.
Las cifras de desaprobación de Petro hablan por sí solas: más del 61 % de los colombianos rechaza hoy su gestión. Como en Chile, se trata de gobiernos que capitalizaron la protesta, pero no supieron —o no pudieron— gobernar.
Por eso, lo ocurrido en Chile es una señal de alerta y, al mismo tiempo, un anticipo de lo que podría venir en Colombia. Si el proceso electoral de 2026 transcurre con garantías y transparencia, todo indica que el electorado buscará cerrar el ciclo del petrismo y optar por una alternativa claramente opuesta a ese modelo.
En ese escenario, Abelardo de la Espriella emerge como una figura con capacidad para canalizar el descontento ciudadano y enfrentar al candidato del oficialismo, el comunista Iván Cepeda. Pero el debate de fondo va mucho más allá de los nombres propios: lo que está en juego es si Colombia insiste en un experimento ideológico fracasado en otras latitudes o si corrige el rumbo antes de que el desgaste institucional sea irreversible.
Chile ya tomó una decisión, y lo hizo no desde la euforia, sino desde el cansancio; no desde la ideología, sino desde la experiencia. Colombia, todo indica, se aproxima a ese mismo punto de inflexión. Y cuando el péndulo político se mueve, rara vez lo hace por capricho: casi siempre responde a una factura que la ciudadanía decide, tarde o temprano, cobrar.
Chile es hoy el espejo en el que Colombia debería mirarse de cara a la elección presidencial de 2026.
