Como se recordará, esta vez, a diferencia de lo acaecido en 2024, el Congreso de la República aprobó el Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia de 2026, evitando así el decretazo con el que amenazaba el ejecutivo para su expedición, como ocurrió con el PGN de la actual vigencia. El monto original propuesto por el ministro de Hacienda Germán Ávila fue de $556.9 billones, pero al final se aprobó por parte del Congreso $546.9 billones, luego de que el ministro Ávila, ante su reticencia, accediera a reducirlo en $10 billones. De esta manera, el desfinanciamiento del presupuesto calculado en $26.3 billones, aunque para el Comité independiente de la Regla fiscal (Cirf) superaba los $40 billones, se tornaba en los $16.3 billones.
Según el ministro Ávila “un 75% de la Cámara y un 65% del Senado aprobaron un presupuesto que explícitamente convocaba al Gobierno a presentar esa Ley”, refiriéndose al Proyecto de Ley de financiamiento, que es como ahora denominan las reformas tributarias para hacerlas más digeribles a la opinión pública. Dicho de otra manera, el ministro asumió que sí se había aprobado por parte del Congreso dicho Presupuesto, a sabiendas de su desfinanciamiento del orden de los $16. 3 billones, se obligaba a aprobarla sin reparo alguno. Pero el Congreso de la República desoyó los ruegos del ministro y hundió el proyecto de marras. Y no propiamente porque ello sea, como sostuvo el Ministro Ávila. Esta sea una ‘vendetta contra el Gobierno’ por parte del Congreso y mucho menos que su desaprobación por parte del Congreso “no es un voto en contra del Gobierno Petro, es un voto en contra de las regiones, es un voto en contra de la inversión”.
La reacción del ministro Ávila no se hizo esperar, para él “con la fábula del Quijote, la razón de la sin razón, era prácticamente imposible hacer ver a este pequeño núcleo de senadores las complicaciones para el equilibrio fiscal del país de no tener en cuenta esta Ley de financiamiento”. No obstante, a juicio del director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, no se justifica esta recriminación del ministro al Congreso de la República, pues para él “resulta insostenible argumentar que una afectación del 3%”, que es lo que representan los $16.3 billones con respecto al monto total del Presupuesto aprobado, “comprometa la estabilidad fiscal o la sostenibilidad del gasto público”.
Lo que procede en este caso y es lo que no quiere el Gobierno es que, como lo afirma Mejía, “estos recursos deberán ser ajustados mediante un recorte presupuestal”. En ello coinciden los expertos y analistas, en que el Gobierno debe apretarse el cinturón, reducir el gasto, que sigue desbordado, sobre todo el que absorbe la frondosa burocracia. A guisa de ejemplo, bastaría con ponerle un torniquete para contener el gasto en la nómina paralela, que tanto dice abominar este Gobierno, para ahorrárselos $4.87 billones que le costaron a la Nación los 101.120 nuevos contratos mediante órdenes de prestación de servicios (OPS) temporales en 2025.
Pero, el presidente Gustavo Petro no da su brazo a torcer y al respecto afirmó recientemente que “el único recorte de gasto posible es la inversión en carreteras 4G” y fue más lejos, haciendo larde de su tremendismo, al afirmar que la negativa del Congreso a aprobar el esperpento de la Ley de financiamiento ‘desploma la economía’ y ya había amenazado anteriormente, en el curso de un Consejo de ministros, con que ‘iríamos a un posible default’ o impago de la deuda, “que yo voy a intentar evitar a como dé lugar”, lo cual es un pésimo mensaje para los tenedores de deuda , generando de paso alarma en los agentes de la economía.
La única forma de balancear los ingresos y los gastos es evitando la inflación presupuestal, ya sea por la vía de arbitrar mayores recursos, lo que quedó descartado con el archivo del Proyecto de Ley de financiamiento, o mediante el recorte del gasto, descartado por el Gobierno. De allí que estén contemplado medidas cuestionables y cuestionadas como echar mano de las utilidades del Fondo Nacional del Ahorro, aduciéndose por parte del ministro de Hacienda que ”se ha generado una acumulación de reservas exageradas que permite empezar a transferir recursos desde este año”, poniendo en riesgo el dinero de las cesantías de los trabajadores allí consignadas.
También ha trascendido que el ministerio de Hacienda pretende asumir el control de unos $5.6 billones del Fondo Nacional para el desarrollo de la infraestructura (Fondes), el cual hasta la fecha ha operado como un patrimonio autónomo manejado con criterio técnico por la Financiera de desarrollo Nacional (FDN). Por su parte la Dian, que está por plata como el diablo por almas, pretende ahorcar a Reficar con una interpretación atrabiliaria hacerle exigible el pago de $1.3 billones por concepto de IVA sobre las importaciones de combustibles.
Dependiendo de la respuesta del Gobierno, ello puede afectar los TÉS con una caída de su precio y el alza de sus tasas de interés, la ampliación del spread soberano y eventualmente una nueva rebaja de la calificación de la deuda y de paso el encarecimiento de la deuda y del endeudamiento. Para el presidente Petro, según su interpretación, “hay un hecho sobreviniente si el Congreso rechaza la Ley de financiamiento” que justificaría la declaratoria de la Emergencia económica.
Muchos expertos y centros de pensamiento discrepan de tal concepto, al considerar que un hecho previsible, como el hundimiento de la reforma tributaria, no se puede considerar como un hecho sobreviniente. Por esa vía, se podría llegar al punto de considerar la declaratoria de la emergencia como plan B, como camino alternativo para expedir por Decreto los proyectos de Ley de iniciativa del ejecutivo que no apruebe el Congreso. Ello sería a mi juicio una lectura equivocada de la norma constitucional.
