La Contraloría General de la República lanzó una seria advertencia sobre el futuro del Programa de Alimentación Escolar (PAE), al señalar que existe un déficit de $500 mil millones que, de no ser cubierto, podría derivar en la suspensión del servicio a partir de septiembre de 2025.
La eventual interrupción dejaría sin acceso a este beneficio a más de 3,5 millones de estudiantes en 53 Entidades Territoriales Certificadas, afectando no solo su derecho a la alimentación, sino también su permanencia en el sistema educativo.
El pronunciamiento se fundamenta en un análisis presupuestal con corte al 20 de agosto de 2025 y en los resultados de las mesas de control social participativo adelantadas en Buenaventura por la Contraloría Delegada para Educación. A ello se suma la revisión de comunicaciones oficiales enviadas por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar –Alimentos para Aprender (UApA) al Ministerio de Hacienda el 24 de junio y el 15 de agosto, en las que se solicitaba una adición presupuestal urgente para subsanar el faltante. Hasta el momento, no se ha dado una respuesta definitiva.
La entidad fiscalizadora hizo un llamado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Departamento Nacional de Planeación, al Ministerio de Educación y a las Entidades Territoriales para que articulen esfuerzos y aseguren los recursos que demanda el PAE.
“La interrupción del programa tendría consecuencias sociales y educativas graves, además de cuestionamientos públicos e institucionales, dada la obligación constitucional del Estado de garantizar el derecho a la alimentación”, advirtió la Contraloría.
Finalmente, el órgano de control reiteró su exigencia al Gobierno Nacional de asignar de inmediato los $500 mil millones faltantes, al tiempo que anunció un seguimiento permanente a la operación y financiación del PAE para asegurar su cobertura y calidad en todo el país.
