Como se recordará, Air-e fue intervenida en septiembre del año pasado, a solicitud de la propia empresa, motivada en su insolvencia, iliquidez y falta de flujo de caja. El objetivo, entonces, de la intervención era darle a Air-e la solvencia, liquidez y flujo de caja requeridas, que le permitiera operar y prestar el servicio de energía a sus 1.2 millones de usuarios en las condiciones de eficiencia, calidad, continuidad y equidad establecidas en la Ley eléctrica (143 de 1994). Pero ello no se ha dado. El solo hecho de que en 9 meses hayan desfilado por la gerencia de Air-e 4 agentes interventores nombrados por la Superintendencia es una pésima señal, porque no se garantiza ni estabilidad ni continuidad en la gestión administrativa.
La deuda de Air-e con las generadoras de energía, desde la intervención, al corte de mayo, por energía contratada es de $2.5 billones. El Ministerio de Hacienda, gracias a la presión ejercida por los organismos de control (CGR y PGN), accedió a girar recientemente $1.5 billones para abonarle a las empresas comercializadoras lo correspondiente a la deuda de los subsidios al consumo de energía de los estratos 1,2 y 3 con corte a diciembre 31 del año anterior. De esa suma le ingresaron solo $233.100 millones a Air-e. Huelga decir que sigue pendiente la deuda por concepto de la Opción tarifaria, cuyo saldo a la fecha es de ¡$3.3 billones!
Tanto el ministro de Minas y Energía Edwin Palma y exagente interventor, como la saliente agente interventora Diana Bustamante, le urgieron al Superintendente Yanod Márquez la inyección de recursos para evitar que la empresa colapse. “un ‘salvavidas financiero’ para poder cumplir con las obligaciones con las generadoras y proveedores”, le pidió Bustamante e insistió en que “esperamos la urgente intervención de la Superservicios para que se garanticen los dineros que se requieren para las generadoras y proveedores. Por un lado, está la energía que requerimos para distribuir y por otro los materiales para la operación de la empresa”.
Por su parte el ministro Palma le planteó, a comienzos del mes de mayo, que sin un respaldo económico podría haber un apagón. Según el documento, si el fondo empresarial de la Superintendencia no respalda financieramente a Air-e, la operación de la compañía se volvería inviable, lo que podría provocar un apagón en Atlántico, Magdalena y La Guajira. También señala que las medidas administrativas actuales no son suficientes, por lo que solicita a la Superintendencia tomar “los correctivos necesarios que permitan el cumplimiento por parte de Air-e de sus obligaciones”, especialmente con los generadores de energía, a quienes la empresa ya les debe 1,3 billones de pesos.
La respuesta del Superintendente ha sido que el Fondo empresarial, que es el mecanismo que sirve de conducto para darle solvencia, liquidez y caja a las empresas intervenidas, estaba desfinanciado. Según él “la mayor responsabilidad mía no es conseguirle plata a Air-e, eso no es cierto”. Y añadió: “este Gobierno no tiene recursos y si los dueños de la empresa tampoco tienen recursos estamos en problemas bastante serios, porque a la superintendencia nadie le ha asignado unos recursos, tampoco le han asignado una forma de conseguirlos ni garantías”.
Y fue más lejos al advertir que a marzo de 2025, el Fondo Empresarial contaba con $416.500 millones, pero su saldo disponible es de apenas $167.000 millones. Estos recursos deben cubrir deudas por $234.000 millones asociadas a ocho empresas intervenidas y pasivos por $2,2 billones de tres compañías en liquidación, incluida Electricaribe. Dicho de otra manera, la Superintendencia se declara insolvente y ante la imposibilidad de inyectarle a Air-e los recursos que requiere. Su propuesta para salir de este embrollo es que “la creación de una nueva renta parafiscal es una de las medidas que viene analizando para contar con recursos a través del Fondo empresarial para hacer frente al proceso de intervención de la empresa air-e”. Es de anotar que la creación de esta ‘nueva renta parafiscal’ es competencia del Congreso de la República y su aprobación en las actuales circunstancias políticas la vemos muy remota.
Y lo más preocupante es que lo peor está por venir, porque a la amenaza en ciernes del anunciado por los organismos de control de un apagón financiero, que puede dar lugar a un efecto dominó que comprometa a toda la cadena, se viene a sumar ahora el riesgo inminente operativo por falta de mantenimiento preventivo de los equipos, las redes y los transformadores. Razón para pensar que estamos ante la posibilidad de que estos apagones se vuelvan recurrentes en los tres departamentos en los que Air-e presta el servicio, Atlántico, Magdalena y La Guajira.
Y, lo que es peor, la perspectiva para este año en lo atinente a los subsidios es mucho más sombría habida cuenta que en el Presupuesto general de la Nación decretado por el presidente Petro (Decreto 1523 del 18 de diciembre de 2024) sólo se apropió en el rubro de subsidios de energía el monto correspondiente al primer trimestre, dicho de otra manera, dicha partida es insuficiente para cubrir los subsidios de los restantes tres trimestres.
En síntesis, la Superintendencia de servicios públicos en lugar de ser parte de la solución se ha convertido en el problema. Y lo más grave es que la situación por la que atraviesa Air-e es solo la punta del iceberg y puede llegar a convertirse en la primera ficha en caer de un efecto dominó que nos conduzca a una crisis sistémica, que arrastre consigo a los demás eslabones de la cadena, ahora en la cuerda floja, mucho más difícil de sortear.
