El Proyecto de Ley que buscaba la capitalización de la empresa Salinas de Manaure hoy es Ley de la República y tiene más de 3.000 autores entre hombres y mujeres wayuú cosechadores o explotadores tradicionales de las Salinas y que por más de un siglo han dependido económicamente de las charcas productoras de sal desde la recolección manual y ha sido esta una estrategia para resolver, en parte, las dificultades con la comunidad indígena, aun cuando representen baja productividad, y su costo de recolección supera notablemente a los de la explotación mecanizada, según datos del Banco de la República.
No podemos desconocer el esfuerzo del Gobierno nacional que desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo presentó ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley destinado a la reactivación empresarial, el salvamento y la capitalización de las Salinas Marítimas de Manaure quien además trabajó con las comunidades en la elaboración del proyecto y socialización. En todo ese proceso estuvieron vigilantes varias mujeres wayuú en territorio, pero faltaba ahora el trámite legislativo que conllevaba entre otras cosas antesalas a senadores y representantes de la región. De ese grupo de mujeres emergieron lideresas como Hilduara Barliza Brito y Arlenys Alvarado Epieyu, reconocidas por su lucha a favor del pueblo wayuú. Ellas tenían claro que no sólo bastaba con que el Gobierno radicara el proyecto, era además necesario encontrar una voz clara, fresca, con profundo entendimiento del tema y por sobre todas las cosas capaz o capaces de generar consenso en el congreso.
Mochila al hombro Arlenys e Hilduara comenzaron la maratónica tarea en el Congreso. Con el temor natural que por ser una iniciativa del Gobierno también terminara por hundirse, pero con el convencimiento traducido en palabras de Hilduara y Arlenys contaron con Juan Loreto Gómez Soto y Aida Avella Esquivel de Cámara y Senado respectivamente quienes asumieron la tarea del trámite legislativo. Conscientes que el consenso era un factor determinante tocaron las puertas del presidente del Senado Efraín Cepeda a quien le expusieron el papel que tenían por fuera del territorio, como representante de hombres y mujeres que dieron vida al proyecto y que era quizás el eslabón perdido de la soberanía alimentaria una vez se reglamente la Ley que debe hacerse de la misma forma como se hizo con el Proyecto de Ley, con la comunidad y dueños del territorio.
Esta Ley contempla el fortalecimiento patrimonial de las Salinas mediante la habilitación general para que el Gobierno pueda capitalizar la empresa a través de diferentes modalidades, entre ellas aportes en dinero o en especie. La capitalización debe ser aprobada por el órgano máximo de administración de la sociedad de la empresa. Además, se busca que los dividendos a favor de la Nación sean destinados a apalancar proyectos en la zona de influencia de las Salinas. Mecanismos de recuperación empresarial y social que van a contribuir a eliminar barreras de acceso a la justicia y permitirán la pronta circulación de activos mediante los procesos de financiamiento y capitalización.
No obstante el senador Alfredo Deluque está preocupado por un parágrafo de un artículo de la Ley que salva las Salinas de Manaure que establece que todas las decisiones dentro de la empresa Sama deben contar con el visto bueno del Ministerio de Comercio, porque atenta con la autonomía del pueblo indígena wayuú. La autonomía de la forma en que ha sido llevada en muchas decisiones del pueblo wayuú en temas económicos y administrativos es la que ha configurado el Statu quo del mismo en el Estado de Cosas Inconstitucional permitiendo así el abandono estatal con el derecho a la ‘autonomía indígena’ que interpretan en el centralismo y en las instituciones del Estado. ‘Los indios que se resuelvan’ y así senador hemos visto cómo el Icbf, Fiscalía seccionales, asuntos indígenas, ministerios, uniones temporales avaladas por autoridades tradicionales, educación, salud y demás archivan, precluyen y se inhiben porque ‘los indios resolvieron’ en ejercicio de su autonomía y jurisdicción especial. En el Congreso se legisla, no se romantiza. Si no hay control sobre las decisiones los ricos seguirán siendo los pocos y los pobres los muchos.
De manera que no hay que preocuparse, antes hay que celebrar que las decisiones que se tomen sobre esa empresa tenga control administrativo, revisión administrativa, mejor dicho control. Porque si en Manaure pasan cosas buenas en Maicao prospera.
Una vez más quedó demostrado que la palabra salada de la mujer wayuú es generadora de consenso y capaz de conciliar los desencuentros políticos y regionales en el Congreso para el bien comunitario. También que es posible conminar a legislar desde el territorio, si factores como el arraigo regional y el pleno convencimiento de las ideas que favorecen a la comunidad están presente como proyecto de vida y pensando en las generaciones futuras.
