La prestación de servicios de salud en el país tiene como elementos claves en su diseño, implementación y seguimiento los atributos de accesibilidad, oportunidad, continuidad, integralidad, resolutividad y calidad, partiendo de esto y la necesidad de organizar, articular y gestionar la oferta en función de la demanda de servicios de salud a prestar a la población colombiana, existe por norma una conformación de redes integrales de prestadores de servicios de salud (Hospitales públicos y Clínicas Privadas); en La Guajira contamos con 162 IPS entre públicas y privadas; de las públicas contamos con 16 hospitales de primer nivel y tres hospitales regionales de segundo nivel, quienes prestan algunos servicios de alta complejidad a través de tercerizaciones privadas y 208 profesionales independientes. Las redes de clínicas privadas se ubican en San Juan del Cesar, Riohacha y Maicao, prestan servicios de mediana y alta complejidad resolviendo más del 70% de las necesidades de salud de los guajiros.
Según el registro de prestadores de salud (Reps) el total de las IPS habilitadas en Colombia sería de 11.750, de acuerdo con la información reportada por el Ministerio de Salud, con corte al 31 de diciembre de 2022, hoy iniciando el nuevo año 2025, la inversión en salud en el país se ha reducido en un 50% y la inversión en salud se necesita para tener más médicos, para pagarles mejor, para tener mejores profesionales; hoy en día todos los actores del sistema están simplemente absteniéndose de tomar decisiones de mediano o largo plazo por la incertidumbre en la estamos sometidos.
Colombia ha vivido varias crisis en el sector como la emergencia económica y social que se presentó en el 2009, y 2010, que fue por salud, por precios y tecnologías, y después en la emergencia del Covid; el Gobierno, de alguna manera, a pesar de los problemas estructurales que debieron haberse arreglado y no se arreglaron, siempre ha sorteado la crisis, al menos temporalmente, pero hoy la pérdida de esa confianza que se vive con el actual Gobierno puede generar un daño irreversible en el sistema, por lo que se necesitan urgentemente nuevas reglas de juego.
Existe una curiosidad con las críticas que hace el Gobierno a la información que presentaron las EPS, que serviría para el estudio de ajustes de la UPC, pero dejaron por fuera a Sura, y a la Nueva EPS; Sura tiene 5 millones de personas, Nueva EPS tiene 11 millones, (Nueva EPS tiene el 20 % de la población colombiana y la más enferma) es decir, 16 millones de personas entre las dos y no están incluidas en el estudio, lo que hace entrever un sesgo. En un estudio de la Andi, que es el que estima que el incremento de la UPC debió ser del 16,9 %, se hizo con la estimación de inflación del marco fiscal de mediano plazo, que era de alrededor del 3,2 %. pero, el Gobierno está anclado en un aumento del 5.36% para este año 2025 que inicia. La UPC es una prima que no se negocia, la UPC es la garantía de la sostenibilidad del sector salud que atiende a todos los colombianos, es una garantía a un derecho fundamental a la salud, a la vida.
Mientras siga la cacería de brujas a las EPS, a las que, sí hay que vigilarlas más, comprobando ellas que no les alcanza la plata, que los medicamentos cuestan, y el gasto de bolsillo en salud se incrementará; en este trance de poderes el enfermo será quien pague las consecuencias y la gente va a ver muy pronto el impacto de estas decisiones; debe haber claridad meridiana sobre quien reporta el estudio que ayuda al ajuste de la UPC; las EPS son recolectoras de información de las IPS, y estas son las que generan la información Incluso el 60% de los recursos son utilizados en los hospitales públicos, que no han sido muy buenos en reportar sus gastos.
Si la UPC no se recalcula pronto y se llegan a unos acuerdos que garanticen la financiación del sector, lo que se pronostica es una catástrofe del sistema en el corto plazo con consecuencias inimaginables; señor gobernador, señores alcaldes: opinen e intervengan.
