El Ministerio de la Igualdad, a través de su Dirección para las Mujeres en Actividades Sexuales Pagas, enfrenta duras críticas por parte de activistas que denuncian la creación de una burocracia que, según ellas, busca la legalización de la prostitución en Colombia.
Sara Jaramillo Gómez, coordinadora de la Fundación Empodérame, organización dedicada a combatir la trata de personas, describió la reciente reunión de esta Dirección como «un espacio espantoso». “El espacio desde el inicio fue hostil para nosotras, señalamientos, perfilamientos, voces, gestos y actos que nos hacían entender que no éramos bienvenidas” expresó.
Según Jaramillo, el encuentro del pasado viernes estuvo marcado por la presencia de «organizaciones que apoyan la regulación de la prostitución y hombres dueños de estudios webcam, los que llamaban ‘empresarios del sexo'».
La activista lamentó que, en dicha reunión, se diera espacio a explotadores sexuales al mismo nivel que a víctimas de violencia sexual. «Es inconstitucional y violento», expresó Jaramillo, quien también manifestó su preocupación por la «posible colaboración entre el Estado y ‘empresarios del sexo'», sugiriendo que estos podrían convertirse en «centros de reclutamiento de talento humano». En su opinión, esto disuadiría a las víctimas de acercarse a denunciar, al percibir al Gobierno alineado con sus victimarios.
A pesar de que el Ministerio de Trabajo ratificó que no promueve el trabajo sexual, sino que lo reconoce, Jaramillo argumentó que ambas posturas son prácticamente indistinguibles en la práctica; además, criticó la caracterización del trabajo sexual realizada por el Gobierno, describiéndola como «una muestra vergonzosa» de menos de 900 mujeres, y que excluía a varios departamentos del país.
Jaramillo también denunció que, en la Dirección para las Mujeres en Actividades Sexuales Pagas, se están tramitando cinco proyectos sin que se priorice la salida de las mujeres de estas actividades ni su atención psicosocial o jurídica. Asimismo, señaló la interferencia del Ministerio en el Comité de Trata de Personas, buscando diferenciar la trata de las actividades sexuales pagas voluntarias, lo que, en su opinión, va en contra de acuerdos internacionales y las leyes nacionales.
Ante esta situación, la Red Feminista Abolicionista de Medellín, liderada por Jaramillo, envió una carta a la vicepresidenta Francia Márquez, solicitando replantear la agenda del Ministerio y suspender las acciones que consideran inconstitucionales y dañinas para las mujeres sobrevivientes de prostitución y trata de personas
