Desde la ciudad de Medellín, sede del IV Congreso de Justicia Transicional (JEP), organizado por la Procuraduría General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, presentó al país las acciones y resultados de este organismo ante la Justicia Especial para la Paz.
La jefe del órgano de control inició su intervención señalando que, según la Unidad para las Víctimas, Antioquia, lugar donde se lleva a cabo este encuentro, registra 1.929.055 víctimas del conflicto armado, con corte al 31 de agosto de 2024.
“De estas 1.632.056 corresponden al hecho victimizarte de desplazamiento forzado, seguido por homicidio con 327.293; amenaza con 137.542 y desaparición forzada con 48.073” puntualizó Cabello Blanco.
Esta dinámica del conflicto armado ha planteado para el ente de control desafíos que, advierte la Procuradora, se han traducido en acciones concretas que han hecho que la Entidad esté presente en este proceso y continúe desempeñando su función, garantizando que el resultado esté centrado en las víctimas.
Para ello, el trabajo de las cuatro delegadas ante la JEP se ha focalizado en promover la centralidad de las víctimas con una presencia constante en los territorios. En sus diferentes actuaciones la Procuraduría se ha exigido verdad plena, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Cabello Blanco también destacó el impulso dado a la apertura de los macrocasos 8, 9,10 y, en especial, el 11, que investiga la violencia basada en género, incluyendo violencia sexual y reproductiva, y crímenes cometidos por prejuicio.
Entre enero de 2021 y junio de 2024, las delegadas de intervención ante la JEP emitieron 454 conceptos en macrocasos y realizaron 3.227 intervenciones judiciales individuales, además de haber participado en más de 3.000 audiencias.
“En agosto, logramos un hito importante al presentar una solicitud de medidas cautelares para proteger 348 sitios sagrados en la Sierra Nevada, en colaboración con los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo”, señaló la procuradora.
En su intervención la jefe del Ministerio Público también destacó los momentos cruciales en este proceso ante la JEP en 2024: los primeros resultados en materia de verdad y reparación, las primeras sentencias que vinculen a los máximos responsables de los más graves delitos de lesa humanidad y el primer juicio oral contra un compareciente (exmiembro de la fuerza pública) que no reconoció su responsabilidad.
Tras el balance positivo presentado en materia de intervención ante la JEP, la Procuradora señaló que “es imperativo que el gobierno y las instituciones asuman su papel como garantes de los recursos y condiciones necesarias para que las sanciones se traduzcan en acciones concretas y oportunas, buscando la reparación integral de las comunidades afectadas”.
