El presidente Gustavo Petro ha reiterado su rechazo a la firma de nuevos contratos de exploración y explotación de gas y petróleo en Colombia.
Durante un discurso en la Casa de Nariño, en el marco de la Conferencia Interamericana de Ministros y Ministras de Trabajo de la OEA, Petro defendió su postura citando las amenazas ambientales a largo plazo: “Yo no quiero, porque yo sé que esa firmita de contratos nuevos de exploración y explotación lo que entraña dentro de 10 o 15 años es que todos los aquí presentes, nuestros hijos y nuestros nietos, queden expuestos a la muerte total de la especie humana”.
Su política ha sido cuestionada por distintos sectores económicos y expertos, quienes advierten que detener la exploración de hidrocarburos podría derivar en serias implicaciones para la estabilidad energética y económica del país.
Representantes de gremios energéticos, como Naturgas y Asoenergía, han señalado que el freno en la exploración de nuevos yacimientos podría traducirse en un desabastecimiento de gas que afectaría no solo la competitividad de regiones como la Caribe, sino también la vida de millones de personas que dependen directa e indirectamente de la industria energética.
Además, la suspensión en la firma de contratos impactaría la generación de empleo, especialmente en regiones donde las regalías de gas y carbón son esenciales para su sostenibilidad financiera. En este sentido, expertos y representantes de la industria energética han enfatizado en la necesidad de una transición energética gradual, señalando que una desvinculación apresurada de los hidrocarburos podría llevar a serias consecuencias, entre ellas el racionamiento de gas.
Recientemente, la planta de regasificación Spec LNG de Cartagena ha requerido mantenimiento, lo que implica posibles restricciones en el suministro de gas natural en la región Caribe; sin embargo, los gremios insisten en que este es solo un aspecto dentro de una problemática más amplia: sin nuevas exploraciones, el déficit de gas aumentaría, afectando el transporte público y privado de cientos de miles de vehículos y poniendo en riesgo la disponibilidad de energía para 37 millones de personas en el país.
