El exministro Amylkar David Acosta Medina, en su entrevista con el periodista Martín Tapias, director del servicio informativo Caracol – radio para el Caribe, en la Universidad Simón Bolívar, analizó la realidad y las perspectivas del sector minero – energético en Colombia, dos años después de la posesión como presidente de la República de Gustavo Petro.
Expresó además, el alcance y las limitaciones de los compromisos adquiridos por parte del ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho con los gobernadores que asistieron en representación de la región Caribe a la cita que tuvo lugar el pasado sábado. Manifestó que “quedamos a la espera de su cumplimiento, dado que los distintos puntos acordados que están supeditados a decisiones que habrá de tomar la CREG y del acuerdo al que puedan llegar, por mutuo consentimiento, entre comercializadoras y generadoras con respecto a la renegociación de los precios de la energía contratada”.
Asimismo, indicó que en atención a la crítica situación de la actual coyuntura, hagan un esfuerzo reduciendo dicho precio en un 20% por lo menos. Sería esta su contribución a moderar el impacto de las altas tarifas en el bolsillo de los usuarios, sobre todo de los más vulnerables.
“Echo de menos en el comunicado oficial que da cuenta de los mismos el pago por parte del Gobierno Nacional a las empresas distribuidores del monto de la deuda por concepto de la opción tarifaria de los usuarios de los estratos 1, 2 y 3, que no se hará efectivo hasta tanto el Congreso de la República lo faculte. Mientras tanto, las empresas están autorizadas para seguir facturándula”, expresó Acosta Medina.
El exministro también comentó echar de menos lo atiné en a la revisión y reajuste del consumo básico o de subsistencia, sobre el cual se aplica el subsidio de los estratos 1, 2 y 3. Hay consenso sobre la necesidad de que pase desde los 170 KWHM actual a los 250 KWHM, que sería más realista.
Por otro lado, dijo que no se puede desdeñar el atinente al indexador (IPP). Que en su momento, marco del Pacto por la Justicia tarifaria, “se convino en revisarlo, ya que se había disparado desde el 4% al 34% en 2022. Se busca que se establezca uno que consulte la realidad de los costos en que incurren año a año los distintos agentes de la cadena” puntualizo.
Para finalizar el conversatorio señaló, “insisto en demandar de la CREG de la revocatoria de la Resolución mediante la cual dispuso que el 100% de los costos de las restricciones las asumiera el usuario. Esta es una clavija lesiva que debe reconsiderarse, para que sean los responsables de las restricciones quienes las asuman. Le haremos un seguimiento al cumplimiento de los puntos acordados y exhortamos al Ministro Camacho y a los gobernadores a que se retomen los otros temas que se quedaron en el tintero”.
