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El presidente de Estado Unidos, Joe Biden, sancionó una nueva ley de aplicación extraterritorial trasnacional, que les permita investigar las prácticas de corrupción en que incurren funcionarios, servidores públicos en el ejercicios de sus funciones en naciones y estados de América Latina, que denuncien con amparo probatorio ante la autoridad penal de Estados Unidos, que tienen atribuciones y facultades legales para ordenar capturas y solicitar extradiciones, sancionar con multas de UD$250.000 o equivalentes a tres veces el soborno recibido y sentencias carcelarias con penas mínimas de 15 años.
¿Se aplicará la citada ley a las multinacionales que sobornan a funcionarios públicos para violar leyes nacionales, privilegiar operaciones, evadir tributos y defraudar a la nación? Los negocios, compra de sentencias judiciales, también están sujetos a denuncia por corrupción en la nación Norteamericana.
La referenciada ley está titulada en español ‘Prevención de la Extorsión Extranjera’ su objetivo es procesar judicialmente, ante fiscales, jueces y magistrados de EEUU, a los servidores público, que soliciten y acepten sobornos, proveniente de empresas estadounidenses, extranjeras o nacionales; que se tipifiquen conducta delictiva, en las regiones, América Latina, por ineficiencia, indiferencia, complicidad, omisiones, desconfianza y descrédito de autoridades competente.
Un gran negocio monta los Estados Unidos, para quitarle recursos económicos acumulados, a una cantidad de personas corruptas, enriquecidas ilícitamente. Por ejemplo, en Colombia, los que sobran, son corruptos, que han ejercidos en las tres ramas del poder público: ejecutiva, ejercida por el presidente de la República, ministros, directores, jefes y todas dependencias subordinadas, incluida Policía, Ejército, Fuerza Aérea y Naval; en relación nacional, gobernadores en lo departamental y alcaldes en distritos y municipios.
Poder legislativos: senadores, representantes, reconocidos como parlamentarios, diputados y concejales. En el judicial, ejercidos por Magistrados de Cortes: Suprema y Constitucional, Consejo de Estado y de las Judicatura, seguidos por magistrado de tribunales, jueces de circuito, del distrito y municipales.
También están ‘pringados’ de corrupción: fiscales, procuradores y contralores; quienes ejercen como autoridad de control, pero nada penalizan, ni mucho menos controlan, más bien persiguen, estar abierto a recibir dineros, para resolver investigaciones a su cargo, con absolución, inhibición y archivos, compensado con remuneraciones y retribuciones, a título de sobornos pactados, por las personas que incurran en acciones ilícitas delincuencial, aprovechando la condición de autoridad competente que ejerce funciones disciplinarias, fiscal y penal.
Habrá que verificar si la ley americana, contra la corrupción, rige hacia el presente y futuro o, por el contrario, también es de aplicación retroactiva. De ser retroactivas, serían graves para muchas las personas implicadas, que ejercen o hayan ejercido, en condición de servidor público, contratistas y concesionarios, quienes estarían expuestos a extradiciones, por prácticas de corrupción.
Por lo menos en Colombia, estarían sujetos a extradición, un millón de personas corruptas, que habitan en el territorio nacional. Otros tantos, están en el exterior, la mayoría en EE.UU. Muchos de los implicados, negociarán en el proceso penal de EE.UU, aceptando las prácticas de corrupción, a cambio de rebaja de pena, entregando partes de sus bienes adquiridos, en operaciones ilícitas, ilegales y corruptas; por confesión y delación.
Estados Unidos, necesitaría de unos quinientos mil, fiscales y jueces, para atender, negociar y juzgar, al voluminoso número de corruptos, de las naciones: Brasil, México, Colombia, Venezuela, Argentina, Honduras, etc. Desde ya en la vigencia de la ley, los fiscales quedan investidos, para solicitar a las autoridades, ejecutivas, penales y judiciales; expedición y materialización de órdenes de capturas, con fines de extradición, por causa de corrupción.
Los fiscales también tienen atribuciones, para ordenar embargos de cuentas financieras, bienes, congelar activos e inhabilitar funciones públicas, a quienes acepten prácticas de corrupción o resulten condenados en proceso judicial.
De promover E.U, pago de recompensa por denuncias de corrupción, serán muchos los que se organizarían en la conformación y constitución de los carteles de ‘sapos’ que entrarían a denunciar, en procura de ganar recompensas, colocando a Colombia y otras naciones latinas en calzas prietas, desmembrados, los operadores de poderes públicos, organismos de control y autoridad penal (Fiscalía) que se encuentra totalmente contaminada de corrupción, requiriéndose de una flotilla de aviones que transporten a los corruptos extraditados, entre los que no deben excluirse, representantes legales de multinacionales, que negocian comprando fallos judiciales, beneficiando a jueces y magistrados de tribunales y altas cortes, que manejan operaciones a través del ‘Cartel de la Toga’ favoreciendo la ilegalidad, como ha ocurrido últimamente, en un fallo de la Corte Constitucional, beneficiando a los operadores mineros, descontado las regalías que recibe la nación, por la extracción y comercialización del producto exportable, del impuesto de renta, lo que traduce, regalar el producto extraído, en el territorio nacional, con la única obligación de pagar impuesto de renta deducible.
El Gobierno de Colombia debe suscribir un convenio con los EE. UU, para que este, les transfiera, siquiera un 50%, de los recursos y multas, que les quite a los corruptos colombianos, procesados judicialmente.
Con esta nota, prevengo las consecuencias futuras que se van a generar la nueva ley americana durante la vigencia contra la corrupción para que mañana no murmuren, se quejen, ni digan que no le avisaron. Muchas instituciones y entidades públicas, podrían quedar acéfalas por extradición de los titulares con aplicación de la citada ley. No solo extraditarán a Estados Unidos de aquí en adelante, a los narcotraficantes, sino también a los corruptos.
