La Legislación colombiana vigente establece el mérito y la carrera administrativa encaminados a los fines de la función pública; buscan garantizar los principios de igualdad, eficacia, moralidad, economía, imparcialidad, entre otros.
En efecto, la exdirectora regional de La Guajira desempeñó un empleo de libre nombramiento y remoción. Alta responsabilidad que exigía el cargo como cualquier nivel directivo de ese rango, sumado al vía crucis socioeconómico que atraviesa el departamento por décadas.
La gestión en tiempo real y el resultado a corto plazo es la prioridad misional, por la desnutrición terminados en miles de muertes de la población indígena wayuú con características sensibles de vulnerabilidad.
Según fuentes estadísticas, “mientras un 39,7% de la población de La Guajira no alcanza la alimentación óptima, 433 niños indígenas menores de cinco años están desnutridos y 17 menores wayuú han fallecido durante 2021. Para los más vulnerables, la realidad no ha dejado de empeorar y los niños wayuú siguen muriendo por causas evitables”.
Por supuesto, el desafío por una reingeniería administrativa en la entidad es inmediata, para que permita ejecutar los programas y estrategias de atención a la población del departamento, con actitud y aptitud institucional, hablara por sí sola para tal fin.
De manera que, para cumplir la excepción al asunto, se encuadra lo subrayado del texto. “La declaratoria de insubsistencia de un empleado de libre nombramiento y remoción obedece a la facultad discrecional del nominador, fundada en la necesidad de mejoramiento del servicio y en el derecho de escoger a sus colaboradores por tratarse de cargos de dirección, confianza y manejo”.
Ante este hecho notorio me extraña que esta profesional haya expuesto su nombre como lo publicó la W radio. “Según fuentes de la entidad, la nueva directora del Icbf, Astrid Cáceres, le habría pedido la renuncia a esta funcionaria en varias ocasiones. Sin embargo, Yeneris Cotes se resistía a abandonar el cargo, por lo que fue declarada insubsistente. A este hecho se suma la millonaria contratación en esta regional que encontró la actual administración y cuya investigación ya está en manos de las autoridades”.
Oportuno recordar, esta entidad territorial ha sido fortín político a través de OPS ante el clamor del hambre y la ausencia de oportunidades en todas sus expresiones. Subsistir es la regla sin derrotar el clientelismo con privilegios sociales en Bogotá. Qué insensatez, y las problemáticas persisten. Resiliencia.
La contratación directa y las licitaciones públicas registran rublos altísimos que desvían el decoro y la misión de la entidad. Más coraje profesional y personal para interponer denuncias contundentes que despilfarran dineros de la salud y las brechas de hambre en el departamento en miserables condiciones. La corrupción se convirtió en costumbre y las investigaciones engavetadas.
Cabe resaltar a autores relacionadas con las “perspectivas de la meritocracia, la califican como “una parodia de la democracia” (Lasch, 1996); otros hablan de “la falacia de la meritocracia” (Cociña, 2013), otros como “una utopía equivocada” (Vásquez, 2013). Estos autores argumentan que no es suficiente que todas las personas cuenten con idénticas oportunidades en las diferencias individuales y sociales”.
Corolario, es el interés oculto de la transparencia disfrazada en acuerdos políticos, transgreden la objetividad de prácticas de buen gobierno y gobernanza. Más objetividad e imparcialidad en la administración de los entes de control. ¡Colombia, paraíso de normas en beneplácito para pocos!.
