Después de tantos ires y venires, muchos dires y diretes, además de las vueltas y revueltas, finalmente el Gobierno decidió radicar el proyecto de ley 339 modificatorio del sistema de salud creado mediante la ley 100.
Desde antes el proyecto ha generado toda clase de controversias, primero por la decisión de radicarla en las sesiones extraordinarias del Congreso, porque según algunos se trata de una ley estatutaria que debe ser discutida y aprobada en sesiones ordinarias de una misma legislatura, pasando por desacuerdos entre la ministra de salud con otros colegas de gabinete, como Alejandro Gaviria y José Antonio Ocampo, hasta la modificación total del modelo, incluyendo la eliminación de las EPS, con base en el argumento de que “¡Las EPS no curan! ¡Las EPS facturan!”.
Durante la campaña electoral el candidato Petro expresó que eliminaría la intermediación de las EPS, pero la semana pasada se reunió con directivos de esas entidades y concluyó que no las va a eliminar pero que se deben transformar para prestar servicios en el nuevo modelo: “Califico de excelente la reunión con las EPS. Hay voluntad de pasar al nuevo modelo. Valoran la necesidad de implementar el modelo de salud preventiva y atención primaria en toda Colombia”, expresó en un trino.
La salud preventiva y la atención primaria no se pueden lograr de la noche a la mañana y se les deberá poner tiempos y metas, además de la continuidad en los siguientes gobiernos, porque requieren de muchos recursos humanos, tecnológicos, económicos, infraestructura, entre otros.
Tienen que ver con muchas acciones y decisiones que no se reducen a la atención básica, sino que incluyen la definición de estrategias para la prevención, programas de planificación familiar, suministro de medicamentos, aplicación de vacunas, hasta la nutrición y agua potable forman parte de un proceso de esa naturaleza. No podemos echarnos mentiras o hacernos ilusiones inmediatas.
No es fácil que se tenga salud para todos en un país con una población dispersa por todas partes: urbana y rural; para lo cual no hay duda de que se requiere del personal médico y paramédico necesarios y bien remunerados, con la dotación suficiente para atender a los usuarios, y que también conozcan la idiosincrasia y tengan vocación de permanencia en los territorios.
Una cosa es la prestación del servicio de salud en Bogotá o Medellín, con importante infraestructura, y otra cosa es creer que se puede hacer lo mismo en los municipios de Uribia o Albania, en La Guajira, donde el concepto de salud se utiliza para hacer politiquería y no les importa la vida humana; por eso preocupa que el proyecto le asigne responsabilidades a los gobernadores y alcaldes.
La reforma del modelo de salud no tiene vuelta de hoja, y empezó con el artículo 125 del proyecto del plan de desarrollo que se discute en el Congreso, proponiendo que de ahora en adelante la Adres realizará el giro directo a las instituciones y entidades prestadores de servicios y proveedores de tecnologías. Es decir, acaba la intermediación de las EPS.
Aunque el giro directo no es una novedad porque ya lleva algún tiempo en el régimen subsidiado, y se aplica en el régimen contributivo a las entidades que están intervenidas, y ahora se propone generalizar el procedimiento, que en todo caso debe haber un proceso auditor de las facturas que no se puede dejar contaminar con la corrupción y la burocracia inútil.
La reforma que se debe hacer es “construir sobre lo construido”. Nadie quiere lo contrario. Para mejorar lo que funciona bien y cambiar lo que no sirve. El paseo de la muerte debe olvidarse en la historia.
No se puede retroceder después de más de treinta años de experiencias y avances prestando servicios de salud tanto a la persona que cotiza al sistema como a la que no tiene la mínima posibilidad de cotizar.
El criterio básico y orientador del proyecto debe ser que la salud es la garantía de la vida, y todos los seres humanos tenemos derecho a la vida.
Y como dijo el filósofo de La Junta: Se las dejo ahí…
