Desproporcionadas y absurdas resultan ser las peticiones de los indígenas en la minga realizada en el Cauca, que deja pérdidas económicas superiores a los $400.000.000.000 y problemas de abastecimiento de alimentos en el sur del país, que además de no permitir el acceso de sus habitantes tampoco dejan ingresar productos básicos como en el caso de Nariño, donde la escases de combustibles ya generó una crisis.
En este tema hay que hablar claro y no hacer promesas imposibles de cumplir, como ha sido costumbre cuando los grupos étnicos acuden a las vías de hecho para hacer reclamaciones. Con el actual déficit fiscal no hay recursos para disponer de 4.6 billones de pesos adicionales del presupuesto nacional con ese destino, 3.6 billones irían para el Cauca, de acuerdo con las pretensiones del CRIC (Comité Indígena Regional del Cauca). Descomunal es la petición que busca la escrituración de 42.000 hectáreas de territorio, sumadas a las que ya poseen. Colombia cuenta con una extensión continental de 1.141.748 kilómetros cuadrados de los cuales 360.000 están titulados a nombre de los indígenas, es decir, el 31.5 por ciento del país entregado a 1.378.884 personas, que solo constituyen el 3.3 por ciento de la población total. Es inadmisible que ahora soliciten 42.000 hectáreas más, si a ello se accede se daría derecho a cada colectividad para que demande parte de una región.
Igual de descabellado es exigir que en el territorio donde se ubican los resguardos no haya vigilancia de las autoridades y se respete su “soberanía”, buscando que sean tierras intocables. Vedar terrenos para el control estatal y evitar la acción de la Fuerza Pública es incluso poner en riesgo a sus habitantes, teniendo en cuenta que en esas zonas organizaciones al margen de la ley mantienen una disputa constante y hacen presencia desde hace varias décadas. La soberanía es nacional, es una sola y reside en el pueblo, incluyendo a los indígenas, que no pueden pretender que existan espacios vedados para el Estado. Por supuesto que las comunidades étnicas merecen un trato especial y el respeto por sus costumbres, que de hecho lo tienen por eso hay una jurisdicción especial para dirimir sus conflictos, no significa que tengan licencia para transgredir el ordenamiento jurídico.
La solución debe ser concertada para superar los bloqueos provocados por la minga, pero no es aceptable que cada vez que se presenta una inconformidad se acuda a las vías de hecho. Los profesores y estudiantes paralizan el sistema educativo cuando quieren hacer reclamaciones al Gobierno, los transportadores suspenden operaciones e interrumpen el tráfico, en las marchas y protesta social, que es legítima, se paraliza el sistema productivo para llamar la atención; estas conductas tienen que ser controladas y evitadas. El amplio sistema normativo colombiano contempla procedimientos para que todo ciudadano o grupo de personas que considere que se vulneran sus derechos, pueda hacer las solicitudes correspondientes pero no atropellando los derechos de los demás.
También es inadmisible permitir acciones violentas en las protestas de la minga, como los ataques a la Fuerza Pública o el uso de explosivos, prácticas que no se relacionan con las etnias pues son propias del terrorismo.
Si el Gobierno adquiere compromisos con las comunidades indígenas debe cumplirlos, esas obligaciones tienen que ser ajustadas a la realidad presupuestal. El Gobierno no puede acceder a unos acuerdos bajo la coacción de la violencia, eso sería tanto como legitimar las vías de hecho.
