La gasolina y el diésel no solo son combustibles de los vehículos automotores, sino que también son combustibles de la economía, en la medida en que cualquier cosa que le pase a la gasolina y al diésel se convierte en un efecto multiplicador para toda la economía, por consecuencia de los efectos que también tienen en la sociedad en general. Y no es un problema exclusivo de Colombia.
Cuando se aumenta el precio de los combustibles también se aumenta el precio de todo, pero especialmente el precio de los alimentos. Además, ese aumento tiene efecto en el combustible que utiliza el parque automotor de las entidades del Gobierno nacional y los gobiernos territoriales, que no es pequeño, y se paga con el recaudo de nuestros impuestos.
Por eso es que hablar de aumento en el precio de los combustibles, por las razones que sean, genera malestar en la gente y puede ser motivo para que se prenda la candela y estalle otra bomba social. No me quiero imaginar el ambiente de protestas que se debe estar cocinando. Y nada de eso le conviene al Gobierno ni a la gente.
El Gobierno encontró que hay un déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc) que es un mecanismo creado para reducir la volatilidad de los precios finales de los combustibles derivados del petróleo, de tal manera que el efecto de la variación de los precios no sea trasladado al consumidor final. Es decir, un subsidio al consumidor final, que en principio es bueno.
Sin embargo, el presidente Petro, que parece más concentrado en crear controversias que en liderar soluciones, trinó diciendo que “el déficit de estabilización de precios de los combustibles por falta de pago del Gobierno anterior es de $10 billones por trimestre. Es decir, casi $40 billones anuales. Casi la mitad del déficit del presupuesto nacional”, ante lo cual, el exministro José Manuel Restrepo lo desmintió afirmando en otro trino que “pagamos $14,2 billones del déficit (del Fepc) antes de salir y dejamos $28,5 billones presupuestados, así como otras fuentes de pago”, lo cual fue informado a la comisión de empalme del sector Hacienda, y puede ser comprobado porque así quedó en el Marco Fiscal de Mediano Plazo y en el proyecto de Presupuesto General de la Nación.
Claro está, en esta situación deficitaria que hoy enfrenta el Fepc nos ayudó mucho la Corte Constitucional con la decisión de haber modificado la fórmula creada para hacer los cálculos, lo cual conllevó a que el déficit del Fepc haya sido cada vez mayor y se tenga que estar cubriendo con recursos del Presupuesto General de la Nación.
Por su parte, no hay duda de que el Gobierno debe sopesar entre la responsabilidad fiscal y las consideraciones políticas. Pero independiente de quién tenga la razón, ya sea el Gobierno saliente o el entrante, a la gente no le importa los problemas fiscales, las peleas, controversias, discusiones o cualquier mal entendido, tampoco le importan los problemas del Fepc, lo que le importa a la gente es que no les mortifiquen la vida con el aumento de los precios de los combustibles, en razón a que una decisión de tal naturaleza conlleva efectos en el costo de la vida, haciendo que cada día la plata alcance menos para vivir sabroso.
Aunque resulte insalvable decidir el aumento, como lo han llegado a considerar algunos expertos en problemas fiscales y el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, entonces debe considerarse una decisión gradual y que no afecte de manera inmediata, pero que sirva para administrar el déficit del Fepc y cumplir con la meta de la regla fiscal.
En todo caso, el Gobierno anunció de manera oficial que por ahora no aumentará el precio del diésel, y a partir de octubre hasta diciembre aumentará $200 mensuales el galón de gasolina para completar $600 al terminar el año; aunque dicen los expertos que a ese ritmo el Gobierno se va a demorar más de dos años en eliminar el subsidio a través del Fepc. Por cualquier lado no deja de ser un problema.
Y como dijo el filósofo de La Junta: Se las dejo ahí…
