El 5 de junio del 2021 la Corte Constitucional mediante el Auto 443, anunciaba su visita al territorio de La Guajira para realizar una inspección judicial donde se convocaba la presencia de líderes wayuú, voceros y representantes de las autoridades indígenas, órganos de control, la consejería presidencial para las regiones y a los representantes de las entidades accionadas en la Sentencia T-302 de 2017.
Con la visita se buscaba realizar un recorrido por las comunidades de Media Luna, 3 de abril y Nueva Venezuela para verificar las condiciones de vida de la población wayuú frente a: I) Problemas de acceso, disponibilidad y calidad de agua, alimentación y salud; II) Constatar el estado de las rancherías o casas donde habita la comunidad, los sitios de cultivo y de cría de especies menores, los lugares destinados para la preparación de los alimentos, los sitios de captación, almacenamiento y disposición de agua de consumo humano, las Unidades Comunitarias de Atención (UCA) y Hogares Comunitarios presentes en la comunidad e indagar por su cobertura, la conformación de la comunidad, edades, género y estado de salud de sus miembros, entre otros y III) La participación efectiva en las determinaciones que involucran a los miembros de las comunidades en lo relacionado con el agua, la alimentación y la salud;, entre otros aspectos.
La inspección se hizo efectiva el día 24 de septiembre con el acompañamiento de expertos en temas de agua, educación y salud, quienes darían sus apreciaciones en informes, una vez se realizara la inspección judicial. Uno de esos expertos en el tema jurídico y quienes han seguido muy de cerca las actuaciones de la Corte y se han pronunciado en diferentes comunicados y oficios ha sido el Centro de Investigación de Derecho, Justicia y Sociedad-Dejusticia, quienes se han encargado, al igual que diversos grupos, como el de la veeduría ciudadana, de continuar con la promoción del cumplimiento de la Sentencia y alertar sobre las condiciones, no solo de los niños wayuú, sino en general de la población wayuú que padece con rigor la permanencia del estado de cosas inconstitucional en el departamento.
En su más reciente publicación el grupo Dejusticia alerta sobre lo que ha pasado en 6 meses después de la visita de la Corte, comenzando con la incesante cifra de niños muertos por desnutrición que hasta el día de hoy y a semana epidemiológica 12 registrada por el Sivigila registra 11 niños muertos por enfermedades asociadas a la desnutrición.
Se afirma que “…en La Guajira los niños y niñas se mueren ante los ojos del Estado. Algunos líderes y lideresas wayuú dicen que no se mueren de hambre y sed, sino de abandono. Que la culpa no es solo de la sequía y de la crisis migratoria sino sobre todo, del olvido”. Una de las soluciones que se planteaba en el artículo del centro de investigación era definitivamente la implementación de la Sentencia T-302 de 2017 que parecía ser la salvación para la población wayuú.
“Hace 5 años la Corte Constitucional emitió una Sentencia con una serie de órdenes concretas, para prevenir y atender la desnutrición de la población wayuú. Y hace exactamente seis meses y quince días la Corte visitó el Departamento para verificar cómo va el cumplimiento de esa Sentencia”.
Relata además que durante la visita de los tres magistrados en una jornada maratónica se dio lo que las comunidades estaban esperando: ser escuchadas: “los magistrados escucharon quejas similares en todas las comunidades: que los alimentos que entrega el Icbf llegan en mal estado y no alcanzan, que el agua tampoco es suficiente, que las brigadas de salud hace tiempo no ocurren y, como resultado inevitable, los niños se enferman… que a veces, los niños se mueren”, afirma Dejusticia, quien estuvo en primera línea durante la inspección y quienes pudieron ver la evidente situación de la población infantil como lo relata Marcela Madrid en su publicación.
La investigadora afirmó que “los magistrados pudieron ver niños y niñas en evidente estado de desnutrición, pozos que llevaban años sin funcionar y colegios sin condiciones de higiene para preparar los alimentos. También vieron la desconexión de los funcionarios presentes. Por ejemplo, un Icbf que solo se enteró de la existencia de una de las comunidades cuando la Corte anunció la visita, a pesar de que estas familias llevan más de siete años asentadas en Uribia. O una funcionaria de la Presidencia que se dedicó a negar lo innegable: que en La Guajira han muerto niños por desnutrición”.
Y lo que parecía ser una luz de esperanza, para el cuerpo de investigadores e incluso para la misma comunidad, se ha venido dilatando con el tiempo con una simple pregunta que hace el grupo jurídico: “¿Qué ha pasado en estos seis meses y 15 días? Las cosas en La Guajira siguen prácticamente igual, mientras que la Corte sigue sin pronunciarse sobre la visita.
Desde ese 24 de septiembre, 21 niños y niñas han muerto por causas asociadas a la desnutrición en el Departamento, según cifras del Instituto Nacional de Salud”. Las comunidades Media Luna y 3 de Abril, en Uribia, siguen sin recibir agua, como lo ha comprobado la Veeduría Ciudadana de la Sentencia. Marbelis Ipuana, autoridad indígena de Media Luna, está esperando lo que ordenará la Corte para resolver el problema del pozo que lleva años dañado en su comunidad.
Además, recuerdan que durante la visita los magistrados realizaron pronunciamientos antes la grave situación de hambre, sed y precarias condiciones de salud que presentaban las comunidades. Durante la visita los magistrados anunciaron que decretarían unas medidas urgentes para solucionar en pocos días situaciones como la del pozo, pero hasta ahora no las han publicado en ninguno de los canales de la Corte.
Finalmente, tanto el Centro de Investigación de Derecho, Justicia y Sociedad-Dejusticia, como el grupo de la Veeduría Ciudadana tenemos la misma pregunta: ¿Por qué la Corte Constitucional sigue sin pronunciarse frente a lo que encontró en su última visita a La Guajira? Está claro que la crisis del Departamento no se resolverá automáticamente con un pronunciamiento de la Corte, pero este sí es necesario para recordarles a las autoridades su deber de cumplir la sentencia y para responder a las pocas esperanzas que le quedan al pueblo wayuú.
Fuente: Veeduría ciudadana a la implementación de la Sentencia T-302 de 2017