La Corte Constitucional en sus últimos comunicados relacionados con su indagación sobre el cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017 preguntaba insistentemente a las diferentes entidades públicas accionadas sobre las acciones desarrolladas para atender a la población wayuú frente a la pandemia del Covid-19, obtenido en forma generalizada y reiterativa, por más de un año, silencios o respuestas vagas o distractoras, paralelo al incumplimiento de los otros mandatos; cosa que cambió para bien hace pocos días cuando se anunció la autorización para vacunar a la totalidad de la población residente en el departamento mayor de 16 años, y en especial a la población indígena rural dispersa para la cual adquirió una vacuna especial de única dosis.
Sin duda alguna este es un gran paso, el Covid-19 se convirtió de la noche a la mañana en la gran amenaza para la humanidad, en Colombia se alcanza la fatídica cifra de más de 100.000 muertes por esta causa, sin hablar ni profundizar en las consecuencias catastróficas que ha generado para la economía, la pérdida masiva de empleos, el empobrecimiento de la población, la parálisis de las actividades sociales y familiares, y lo peor, la pérdida de la confianza en el Estado colombiano por sus decisiones tardías por falta de información confiable y creíble.
Para La Guajira, la pandemia tampoco ha sido fácil, llevamos 38.407 casos de contagios confirmados a 19 de junio de 2021, cifra claramente poco confiable ante el hecho de la toma de muestras para detectar el contagio han sido bajas y sobre todo urbanas, en un Departamento donde el 51% de su población es rural, el tamizaje ha sido pobre por lo que se cree que la asintomatizidad de la población es mucho más alta y la tasa de contagio también.
Las cifras del Instituto Nacional de Salud –INS– revelan que la población entre 30 y 39 años presenta la mayor tasa de contagio (22.7%); seguida la que está entre los 20 y 29 años (18.1%); luego la de 40 a 49 años (18.1%) toda población en edad de trabajar, donde la mayoría, es posible que pertenezca a ese gran grupo de población desempleada que sale día a día al rebusque para llevar comida a su casa. En un Departamento donde la pobreza monetaria supera el 66,3% de los guajiros y la peor de todas, la pobreza extrema que afecta al 39,7% de la población.
Resalta en el análisis, que se ha dicho que la población joven no es población de riesgo, sin embargo, los resultados indican que el 9.3% de la población contagiada estaba entre los 10 y 19 años (edad escolar), infectados mientras estaban en casa y que el 5.3% de los casos afectó a los niños entre 0 y 9 años.
Ahora que regresarán obligatoriamente a clases presenciales, no queremos imaginar cuál será el comportamiento de la tasa de contagio entre los niños y jóvenes, que poco se preocupan por el distanciamiento social.
Al analizar los fallecimientos por grupos poblacionales, se observa que frente a los contagiados por grupos de edad, el 38.8% de los fallecimientos se ha dado en población mayor de 90 años, el 27.4% en población entre 80 y 89 años, el 18.0% entre población entre 70 y 79 años, y el 8.9% en población entre los 60 a 69 años.
Pese a que los mayores casos de contagiados están en la población adulta más joven, la mortalidad se acentuó más en la población adulto mayor.
Sin embargo, es importante resaltar que entre niños de 0 a 9 años murió el 0.05% de los casos y de los 10 a 19 años, falleció el 0.17% de los casos, lo que indica que no solo no son inmunes, sino que también pueden fallecer, aunque en menor proporción que la población mayor.
Lograr la vacunación diferencial en La Guajira no será fácil, el problema no es solo contar con las vacunas suficientes, que según anuncios ya se tienen, sino poder contar con la logística, recursos y capacidades para poder llegar a todo el territorio, las estrategias están diseñadas para que la gente llegue a un punto de vacunación, suena fácil en ciudades y centro población, pero no lo es en zonas rurales, con más de 57.000 puntos poblados dispersos solo en los 4 municipios accionados por la Sentencia T-302 de 2017, o en los 65 pueblitos koguis, wiwas y arhuacos de la Sierra Nevada ubicados entre Dibulla, Riohacha y San Juan del Cesar, pero que las mismas instituciones territoriales desconocen que existen porque nunca han llegado a ellas.
El reto es claro, lograr la inmunidad de rebaño, convencer a los ciudadanos de que se vacunen, a los wayuú en sus propia lengua, con mucha pedagogía, que todos entiendan que el Covid-19 no es temporal, que llegó para quedarse, que pasará a formar parte de las muchas enfermedades populares en estos días como el VIH, Zika, Ébola, Malaria, Cólera, Dengue Hemorrágico, Encefalitis equina, etc., para solo mencionar solo algunos. Que en cualquier momento nos va a dar, por más que nos cuidemos, no podremos estar encerrados toda la vida, pero para ese momento, que nos coja vacunados y con defensas suficientes para superar esta dura prueba.
Fuente Veeduría Ciudadana a la Sentencia T-302 de 2017
