La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (Acsc) exigió al Ministerio de Salud la revocatoria de la Resolución 2717 del 30 de diciembre de 2024, que establece un aumento del 5,36% en el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2025. Según la Acsc, esta decisión compromete la sostenibilidad del sistema de salud y no refleja las necesidades reales del sector.
Agamenón Quintero Virrareal, presidente de la Acsc, cuestionó la metodología empleada por el Ministerio para calcular la UPC, calificándola de carente de rigor técnico. En un derecho de petición, el gremio señaló que los elementos utilizados en el análisis son «no confiables», observación compartida por el Viceministerio de Protección Social.
La Asociación recordó que, en 2024, la Corte Constitucional ordenó al Ministerio actualizar la UPC basándose en estudios técnicos sólidos; sin embargo, denunció que dicha exigencia no fue cumplida, y criticó que MinSalud omitiera la publicación previa de los proyectos regulatorios para comentarios, como lo estipula el Código de Procedimiento Administrativo.
Quintero advirtió que el incremento del 5,36% está muy por debajo del costo real de la atención en salud, lo que podría afectar gravemente la calidad del servicio y las condiciones laborales del personal del sector.
Un informe de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) prevé que este ajuste generará un déficit fiscal de 10,4 billones de pesos en 2025, intensificando la crisis financiera del sistema. Además, se advierte que el 10% de la UPC asignado a gastos administrativos no cubrirá el aumento del 9,5% en el salario mínimo, lo que pondrá en aprietos a Entidades Promotoras de Salud (EPS), hospitales públicos e Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS) privadas.
“Junto con la solicitud de revocatoria directa de la resolución, requerimos que el Ministerio entregue los estudios técnicos que respaldan el aumento, para revisarlos con urgencia”, enfatizó Quintero.
La Acsc alertó que el incremento planteado podría agravar los problemas de financiamiento, deteriorar la calidad y oportunidad de los servicios y dificultar el acceso a la salud para millones de colombianos.
