Al igual que la fallida reforma tributaria impulsada por el Gobierno Nacional, el proyecto de reforma al sistema de salud tampoco sobrevivió al paro nacional. El miércoles, las comisiones séptimas de Senado y la Cámara de Representantes decidieron archivar la iniciativa.
Para el senador Fabián Castillo, ponente de la reforma, “no se dieron las condiciones sociales, que son completamente diferentes a las que se necesitan en nuestro país, a las que se necesitan en el legislativo un proyecto de ley que en verdad buscaba era la mejoría de la atención para todo el pueblo colombiano”.
Para el congresista de Cambio Radical, la presión ejercida por la protesta social en las calles fue determinante para que el resto de los legisladores decidiera hundir el proyecto. Considera que su iniciativa fue satanizado al ser asociado equivocadamente como una propuesta del Gobierno Nacional.
Castillo reitera que el fracaso de la reforma se gestó en base a “desinformación, falsedades, y en la satanización de un proyecto que en verdad buscaba mejorar las condiciones de todos los colombianos”. El senador aclaró que medidas como la supuesta hipoteca de vivienda para pagar seguros de salud “no existen en el articulado, no legislamos sobre ningún tipo de seguro, no legislamos sobre polizas de medicina prepagada, eso no existía. Esa era una de las falsedades que hizo carrera en las redes sociales y se tomó como caballo de batalla en la manifestación social que tenemos en nuestras calles”.
Por todo lo sucedido con el proyecto, el senador Fabián Castillo lamentó el fracaso de su iniciativa y advirtió los ciudadanos colombianos son los que realmente pierden con su hundimiento, mientras que las EPS que prestan mal servicio y quienes hacen de la salud un negocio mercantilista son los ganadores al final de este proceso fallido.
Castillo comentó que tomar acciones sobre los problemas de salud en Colombia era necesario. Recordó que en los últimos años la Superintendencia de Salud ha tenido que intervenir cinco EPS por mal servicio e incluso tuvieron que ser puestas en proceso de liquidación. “Necesitábamos un marco normativo mucho más fuerte que nos diera más herramientas para seguir depurando el sistema”, concluyó Castillo.
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