Los medios de comunicación nacional e internacional, registraron la semana pasada el pronunciamiento que realizó la Corte Constitucional frente al incumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017, con el Auto 042 del 2021. Un hecho de trascendental importancia y con pocos precedentes, ya que la Corte retomó la competencia para el cumplimiento de la Sentencia al no encontrar avances desde su publicación el 8 de mayo de 2017 y de su notificación el 28 de junio de 2018.
Luego de casi 4 años a la espera y más de 5 prórrogas otorgadas por el Tribunal de Riohacha, y más de 335 niños muertos por desnutrición en lo corrido de 2017 a 2021, hicieron que la Corte llamara la atención de todas las entidades accionadas en la Sentencia al no encontrar una razón de peso justificable que les haya impedido durante todos estos años lograr acuerdos y trazar la ruta para la implementación de la orden jurídica, que valga recordar, es de obligatorio cumplimiento.
Uno de los puntos fundamentales y que genera aún mayor preocupación, es la desinformación sobre el tema. Las comunidades y las autoridades tradicionales wayuú, en su gran mayoría aún desconocen el contenido de la Sentencia, sus alcances y lo que esto representa para ellas, orden impartida al Ministerio del Interior, en la cual esta entidad debió traducirla y darla a conocer a todos. Se sabe que se ha divulgado en algunas comunidades por comunicados de prensa del Ministerio, por la realidad, es que pocos son los que han tenido la oportunidad de conocerla. La veeduría, a pesar de haberla solicitado al Ministerio, no ha podido obtener copia de la misma, como si se tratara de un secretismo de Estado, cuando la orden es que fuera pública y divulgada masivamente.
“A principios del mes de diciembre del año 2020, fuimos convocados de manera urgente para armar mesas de trabajo sobre la Sentencia, el Gobierno pretendía en 14 reuniones y 17 días abarcar temas importantes como el suministro de agua potable, alimentación, acceso a salud y participación, comenta la líder, pero era imposible correr con este tema, ya que ni las autoridades iban a entender y mucho menos tomar decisiones en algo que va a cambiar el futuro de la región y la vida de sus niños, y de paso, del 49% de la población del departamento que es indígena wayuú”.
Hoy la mesa de trabajo para la elaboración de la ruta de la Sentencia que está conformada por representantes de Maicao, Manaure, Riohacha y Uribia han logrado acordar con los representantes del Gobierno Nacional, mínimo 40 reuniones para la socialización de la Sentencia en wayuunaiki, lo cual es insuficiente, con personal capacitado que logre de manera efectiva la explicación de los alcances de la orden emitida por la Corte.
Antes del pronunciamiento del Auto 042 de 2021, aún se encontraban a la espera de la aprobación presupuestal para el inicio del trabajo, pero imaginamos que ante los cuestionamientos del órgano jurídico sobre la presentación de evidencia frente a la divulgación de la Sentencia, se le dará celeridad a este punto, que muy seguramente y conociendo las distancias y condiciones del terreno, tomará varios meses antes de lograr superarlo.
Si este trabajo se hubiera implementado casi 4 años atrás, ya se habría construido la política pública y seguramente se estarían desarrollando acciones para el complimiento de los 8 objetivos mínimos constitucionales, pero la realidad, es que hoy estamos en cero.
Como veeduría hemos observado que se han desarrollado múltiples acciones en los territorios, pero ninguna cumple con los requisitos de la Corte, en especial el de la sostenibilidad y la universalidad.
Como consecuencia, los casos de morbimortalidad siguen sin detenerse y en lo que va corrido este año, ya se reportan 9 menores que han fallecido por enfermedades relacionadas a la desnutrición, y la cifra continuará a menos que se implemente con urgencia una búsqueda activa en los territorios wayuú, con acciones para la recuperación y seguimiento de los niños que se encuentran desnutridos.
Ya es hora de comenzar a dar los pasos que se han postergado por 4 años y que luego de la pandemia, se hicieron aún más penosos de recorrer, porque la crisis de las comunidades indígenas se ha profundizado, ya vemos indígenas adultas buscando comida en la basura, como se registró en estos días en el municipio de Manaure, lo que nunca se había dado en La Guajira, crisis que se palpa y siente al recorrer las rancherías y ver los tanques de agua vacíos, los niños y adultos mayores visiblemente desnutridos y casi sin esperanza.
Se ha transitado uno de los años más duros producto de la pandemia del Covid – 19, pero la vida continúa y se debe garantizar que sea así para toda la población indígena, que ahora no solo espera obtener de manera oportuna y permanente agua, alimento y acceso a la salud, sino ser parte priorizada del plan de vacunación en el Departamento, que se ve más compleja aún, porque si no se ha sido capaz de llegar para dar a conocer un texto de una Sentencia, que se hace en reuniones rápidas y reuniones masivas, imagínense buscar persona por persona para vacunarla contra el Covid-19.
Otros caminos se verán con más claridad luego de la reunión convocada por la Corte Constitucional en el municipio de Uribia para el mes de abril 2021, donde se escucharán todas las voces que se encuentran involucradas dentro del cumplimiento de la Sentencia y todos los afectados por su incumplimiento.
De allí seguramente nacerán nuevos lineamientos de acción para la Presidencia y los Ministerios y entidades territoriales que deberán actuar de manera acelerada o deberán enfrentar procesos sancionatorios por el incumplimiento de las órdenes judiciales.
A pesar de que estamos deseosos de que se dé por fin el pitazo inicial para el cambio que se requiere implementar en la región, seguimos actuando con cautela y preparando los posibles escenarios en caso de que se dé una nueva e indefinida prórroga.
Fuente: Veeduría Ciudadana para la Implementación de la Sentencia T-302 de 2017
