El dirigente guajiro Luis Alonso Colmenares puso la lupa al decreto 100 del 14 de abril de 2021, por medio del cual se declaró la urgencia manifiesta en La Guajira y señaló que aunque la medida es necesaria, nuevamente la Gobernación incurrió en algunos errores.
“Me surge una preocupación a raíz de la expedición del decreto mediante el cual se decreta la urgencia manifiesta. Lo primero que hay que decir que esto es necesario en las actuales circunstancias, en razón a la eficiencia que la misma figura de la urgencia manifiesta le daría al gobierno para tratar de conjurar un poco la crisis en la que estamos”, dijo en el noticiero Cardenal de La Guajira.
Precisó que la urgencia manifiesta tiene una particularidad y es que elimina todos los procesos que se tienen en cuenta en la contratación regular, porque se puede acudir a la contratación directa para efectos de proveerse de los bienes y servicios que se han necesarios para conjurar la calamidad en la que se encuentra el Departamento por la pandemia del Covid-19.
“Ahora, cuál es el temor, que esa contratación vaya a terminar convirtiéndose en una contratación a dedo y sobre todo en el contexto en el que estamos de unas próximas elecciones que ya prácticamente es esto una campaña electoral”, afirmó.
Sin embargo, manifestó Colmenares que no solo le preocupa ese tema, sino algunas inconsistencias en la expedición del decreto.
“Se nota que no hay suficiente atención y concentración en el desarrollo del proceso por la expedición del mismo decreto, porque para mí resulta imperdonable que personas conocedoras, con suficiente preparación en la Gobernación y que son asesores del gobernador, cometan errores tan infantiles como el hecho de incluir una fecha del 2020. Yo vuelvo y digo, van a seguir insistiendo en seleccionar, copiar y pegar”, señaló.
Además, el exsubcontador general de la Nación indicó que dicho decreto, también desconoció la autoridad de la Contraloría departamental.
“El contralor departamental no está ni pintado, lo desconocieron totalmente, porque el artículo segundo dice que todo el expediente que se llegue a armar con cada contratación que lleven a cabo, le será remitido a la Contraloría General de la República, eso no es así, porque el artículo 43 de la ley 80 lo dice de una manera muy precisa, se enviará al funcionario u organismo que ejerza el control fiscal en la respectiva entidad, en este caso claramente es la Contraloría departamental”, finalizó.
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