El procurador Judicial Agrario y Ambiental de La Guajira, César Valencia, interpuso ante el Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira una acción popular contra el Distrito de Riohacha, la Sociedad Interaseo S.A. E.S.P. y Corpoguajira para que, previo al trámite legal correspondiente, se proceda a efectuar las declaraciones de protección y defensa de los derechos colectivos, correspondiente al goce de un ambiente sano, seguridad y salubridad pública, además del derecho de acceso a la salud y a una infraestructura de servicios que garanticen el saneamiento básico y que su prestación sea eficiente y oportuna.
En el relato del procurador César Valencia, se indica que desde los años 2014 y 2015, ese despacho ha sido informado por parte de la Aeronáutica Civil y Corpoguajira de la existencia de botaderos de basuras satélites o clandestinos en diferentes puntos de Riohacha, que no solo causan impacto negativo al medio ambiente sino también a la salud humana, por la generación de vectores productores de enfermedades y la presencia de aves carroñeras alrededor del aeropuerto Almirante Padilla, que pone en peligro la vida de las personas que utilizan el transporte aéreo.
Hasta el momento, el Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira no ha resuelto la demanda citada, en tanto, el Distrito adeuda más de 10 mil millones de pesos a Interaseo, por la recolección de las basuras que depositan en un botadero a cielo abierto ubicado en el kilómetro 7 de la vía que comunica hasta Valledupar.
Posición de la alcaldesa
A su turno, la alcaldesa de Riohacha, Isseth Tatiana Barros Brito, dice que hará valer las competencias que corresponde a la administración y actuará de acuerdo a la ley, por eso no duda en afirmar que el terreno donde se tiene previsto construir el relleno sanitario, de acuerdo a los documentos que reposan en su despacho, son de propiedad del Distrito.
“Estamos hablando de una ciudad en crecimiento, con una población que supera los 286 mil habitantes, y que necesita urgentemente su relleno sanitario, debo cumplir con lo que exige la ley”, advirtió la mandataria.
La burgomaestre argumentó, además, que se realizó la consulta previa a las comunidades asentadas alrededor del sitio donde se pretende construir el relleno sanitario, y la mayoría dio su visto bueno, reconociendo que siete comunidades votaron de manera negativa.
En ese sentido, se conoció que la alcaldesa dialogó hace más de un mes con las familias que se oponen a la ejecución del relleno sanitario, quienes se comprometieron en enviar una propuesta donde plantearía una solución al problema, la cual hasta el momento no han hecho llegar.
Liquidación
Por su parte, el director de Corpoguajira, Luis Medina Toro, confirmó que la Fundación Uniagraria formalizó por escrito el interés de liquidar el convenio, porque el tiempo sigue pasando y no se ha logrado reanudar la obra, lo que está generando unos gastos que terminan en un desequilibrio financiero a la ejecución del proyecto.
“Con el dolor en el alma tengo que decir que lo más probable es que ese convenio se liquide, se pierden los recursos que de la Nación conseguimos porque toca devolverlos, de igual manera se entregarán al Distrito los 500 millones de pesos que aportaron en su momento, en una obra proyectada en dos mil millones de pesos”, mencionó el director de Corpoguajira.
Cabe mencionar que las líderes Graciela Cotes y Aldina Pimienta siguen luchando para que no se les violente el derecho que tienen para defender sus tierras, donde se encuentran los cuerpos de sus ancestros y de esas personas que prodigaron amor, respeto y defensa de lo que representa ser indígena wayuú.
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