La creación de una mesa de seguimiento para la implementación de proyectos de energías renovables en el departamento de La Guajira, que garantice la defensa de la contratación del recurso humano del territorio, y además la incorporación de las pequeñas y medianas empresas en las cadenas de proveedores de servicios, fue una de las conclusiones del conversatorio virtual ‘Transición Energética: Retos y Oportunidades para La Guajira’, que convocó la diputada Oriana Zambrano Montoya.
Otra fue la solicitud al Congreso de la República, para la participación de la ciudadanía en las sesiones de debate del proyecto de Ley 365 del 2020, con el propósito de presentar propuestas que puedan ser recogidas e incorporadas en el texto bajo estudio.
Como también la realización de un foro especial para organizaciones y movimientos indígenas para que expongan sus inquietudes y preocupaciones frente a este marco normativo, dado que la transición es meramente energética y no involucra al territorio, además que los contenidos apuntan a resolver asuntos meramente técnicos.
“A los guajiros todo les llega tarde, y se hace imperioso que exista un empoderamiento local de estos temas que son transcendentales para el futuro del Departamento”, precisó la diputada.
Zambrano Montoya explicó que antes de la aprobación del proyecto citado, se debe dar respuesta a una serie de inquietudes para que se pueda garantizar una implementación plena, y no existan en el futuro inmediato inconvenientes, que frenen y desestimulen la inversión del sector empresarial de energías, y que además se evite aprobar medidas legales que vayan en perjuicio de la verdadera licencia social que todos esos proyectos deben procurar.
Dentro de esos desafíos destaca, que se garantice la protección de las tierras ancestrales y la autonomía de las comunidades, pues existe la posibilidad de que se configure un conflicto social a futuro, fruto de la resistencia organizada de las comunidades indígenas que se resistan al despojo de sus tierras y la negación de sus derechos.
Advierte que se puede presentar el surgimiento de un conflicto social que se denomina conflicto socio-territorial y que es claramente observable en el territorio ancestral de La Guajira, por la disputa de los miembros de la comunidad por acceder a beneficios económicos producto de los acuerdos de compensación suscritos con las empresas.
Aunado al nacimiento de una nueva clase social dentro del pueblo wayuú sujeta de beneficios y prestaciones enfrentadas, una clase social en condiciones de precariedad y pobreza, lo que generaría debilitamiento y fraccionamiento en el territorio y conflictos interclaniles, lo que pondría en peligro la continuidad y seguridad de los proyectos que se pretenden desarrollar en el marco de Fncer.
La diputada Oriana Zambrano Montoya, advirtió sobre la contaminación visual y el impacto paisajístico, frente a la ocupación que se realice por parte de los parques eólicos y el tendido de las líneas de transmisión y la instalación de 2.500 aerogeneradores, puesto que La Guajira entregaría uno de sus más valiosos bienes: el paisaje natural y exótico.
En el foro participaron como panelistas, el senador José David Name Cardozo; el gobernador, Nemesio Roys Garzón; el director de Corpoguajira, Samuel Lanao Robles; la Universidad de La Guajira, a través de los investigadores, Víctor Pinedo y Alexis Carabalí; además del ex senador Amylkar Acosta Medina.
Otras intervenciones
El gobernador de La Guajira, Nemesio Roys Garzón, planteó la necesidad de la inclusión laboral en la construcción, operación y mantenimiento de los proyectos de energía eólica. Así como el diseño de un corredor de servicios que unifique toda la red y no se convierta el territorio en una telaraña, se garantice la contratación de bienes y servicios a los proveedores locales, y la equidad en los procesos de consulta previa, con el apoyo de la Secretaría de Asuntos Indígenas.
En cuanto a la ley, solicita se incluya al departamento en la compensación del 1% previsto en la Ley 1955 de 2019 para los municipios y la comunidad y se excluyó al Departamento.
Por su parte, la representante a la Cámara, María Cristina Soto, considera importante la mano de obra local en los proyectos de energía alternativa, que promovió a través de una proposición en la Ley 2016 de 2020 que ya entró en vigencia.
“La prioridad dentro de los nuevos proyectos de energía alternativa debe ser la mano de obra local, esta fue una proposición que logré vincular a este proyecto de ley y fue acogida por la plenaria de la Cámara, con el fin de garantizar los derechos laborales de las poblaciones locales y el incentivo al empleo la participación de los habitantes de nuestro territorio”, manifestó Soto Gómez.
Indicó, que La Guajira posee excelentes condiciones como generador de energía eólica y solar, es por eso impulsa mediante un proyecto de ley, la adición de un nuevo numeral al artículo 45 de La ley 99 de 1993 ‘Transferencia del sector eléctrico’, para incluir un 3% de transferencia por parte de los generadores de energía eólica o solar a las Corporaciones Autónomas Regionales, departamentos, distritos y municipios, que por su posición geográfica y la velocidad de los vientos, aportan a estos proyectos de energía alternativa.
El director de Corpoguajira, Samuel Lanao Robles, expresó que la entidad tiene un papel importante en la aprobación de licencias ambientales para el desarrollo de proyectos de Fncer, sin embargo, no cuenta con recursos financieros para soportar esas nuevas tareas de acompañamiento y vigilancia, afectando profundamente el logro del principal objetivo que es la rectoría de la protección del medio ambiente en el departamento de La Guajira.
Para concluir, hay que decir que La Guajira se ha venido transformando en la primera potencia de energía eólica de Colombia, con proyectos que pueden llegar a producir 20% de la energía eléctrica que demanda el país.
Según el Ministerio de Minas y Energía, Anla y Corpoguajira, existen 16 empresas multinacionales y 3 locales que están tramitando 57 licencias parques eólicos con posibilidad de ponerse en marcha en la próxima década, lo que significa que este nuevo marco legal que se pretende aprobar en el Congreso de la República tiene una trascendencia importante en su aplicación y operatividad en nuestro territorio.
En el año 2019 fueron adjudicados en subasta 1.575 MV a empresas que deben entrar en operación a partir del 2022 en el departamento de La Guajira. Se proyecta que en 5 años debemos estar produciendo 3.131 MW lo que significa que aportaremos el 13% de la energía obtenida por Fncer en la matriz de generación nacional.
En el 2031 podrían entrar en funcionamiento 60 parques eólicos con más de 2.500 aerogeneradores instalados produciendo 7GV, y para el 2050 se proyecta una producción de energía en La Guajira de 16 GV para los cuales se necesitaría instalar 5.714 aerogeneradores.
