Decepcionados por años de abandono estatal, los habitantes del corregimiento de Caracolí, conocido por ser la despensa agrícola de San Juan del Cesar, decidieron no participar de las elecciones al Congreso de este domingo 13 de marzo.
Luego de divulgar una carta en la que explican por qué no votarán, se conoció que algunos moradores del pueblo también estarían planeando impedir que se instalen las mesas de votación. Sin embargo, otros pobladores de Caracolí sí piensan votar este fin de semana y señalan que otras personas de la misma comunidad no deben negarles ese derecho.
“Prohibir que se instalen las mesas de votación es una cosa grave, porque el Estado debe garantizar el libre acceso a votar el día 13. De mi parte y muchos amigos aquí nosotros sí vamos a votar. Mejor que agarren a la población y la saquen a votar, pero sin plata, porque ellos lo que dicen es que aquí compran votos”, dijo Máximo Díaz, dirigente comunal del Caracolí.
Para Díaz, negarse a votar, o peor aún, impedir el desarrollo de las elecciones en el pueblo, solo atrasaría los procesos que ya se vienen adelantando por parte de líderes de la comunidad para mejorar las condiciones de vida de Caracolí.
La Alcaldía de San Juan del Cesar ya está al tanto de lo que ocurre en Caracolí, pues hasta la sede del gobierno municipal llegó una carta de los habitantes del mismo pueblo informando de sus planes para el domingo.
En ese sentido, la secretaria de Gobierno municipal, Angélica Maestre, advirtió que si bien los ciudadanos no están obligados a votar contra su voluntad, tampoco deben impedirles el voto a las personas que si quieran ejercer ese derecho.
“El que se abstenga de votar es totalmente legal, todo ciudadano de Colombia tiene el derecho de ejercer el sufragio o de abstenerse de hacerlo. Pero no permitir la instalación de los puestos de votación en el corregimiento es un delito, es perturbación al certamen democrático que está tipificado mediante la Ley 1864 de 2017 en su artículo 4”, dijo la secretaria Maestre.
Por eso, la funcionaria anunció que la fuerza pública podrá detener y entregar a la justicia a las personas que traten de impedir el desarrollo normal de las elecciones en Caracolí.
