La Asamblea del Atlántico tramitará un proyecto de ordenanza que liquidará cuatro hospitales departamentales y le dará facultades a la gobernadora Elsa Noguera para crear una nueva Empresa Social del Estado que se encargue de la operación de esos centros médicos desde noviembre.
Los hospitales que serían liquidados son el Hospital Niño Jesús, el Hospital Departamental de Sabanalarga, el Hospital Juan Domínguez Romero, y el Cari.
“Estos cuatro hospitales se debaten en una profunda crisis financiera, administrativa y de prestación de los servicios de salud, producto de esa política nacional de marchitamiento de los hospitales públicos y además por la forma en que fueron administrados en tiempos pasados”, dijo Ángel Salas, presidente de Anthoc en el Atlántico, quien mencionó que la red pública del departamento arrastra un déficit de más de 200.000 millones de pesos.
La iniciativa fue el resultado de una mesa de trabajo entre el Gobierno departamental y los actores de la salud pública para mejorar el funcionamiento y la sostenibilidad de los hospitales públicos del Atlántico. Además la creación de una nueva ESE fue planteada como la opción para prevenir una eventual privatización de esos centros.
“Nosotros aceptamos tres pilares; que los servicios sean prestados a través de un ente público, no podemos estar en contra de una propuesta que no cuenta con participación de terceros, de empresarios. Esta propuesta no libera al estado de su responsabilidad en materia de garantías del derecho a la salud y de prestación del servicio público. Sus utilidades deben ser reinvertidas en la entidad y por supuesto no deben lucrar a particulares”, dijo Salas, quien también resalta que la iniciativa de constituir una ESE le permite a la red pública competir en mejores condiciones contra el sector privado.
El gremio de trabajadores de la salud también espera que la nueva empresa social del estado le brinde mejores condiciones a quienes laboran en los hospitales y la cancelación de las deudas por pagos atrasados.
Ángel Salas resalta que la nueva empresa social del estado debe iniciar sus operaciones sin deudas, por lo que corresponde a la Gobernación y a las entidades del orden nacional garantizar los recursos necesarios para cubrir el déficit que actualmente arrastran los hospitales.
