La sala plena de la Corte Constitucional declaró la ‘urgencia nacional’ para estudiar las 30 demandas radicadas contra las modificaciones que el año pasado sufrió la Ley de Garantías.
A través del artículo 124 de la Ley 2159 de 2021, se permite que el Gobierno célebre convenios interadministrativos con los entes territorialesy ejecutar programas relacionados al Presupuesto General de la Nación, con el fin de reactivar la economía durante el año 2022.
Para los demandantes, la modificación de la Ley de Garantías hace que los recursos públicos en poder de entes territoriales puedan tener injerencia en el desarrollo de las elecciones, tanto las del 13 de marzo, como las del 29 de mayo.
Ante el riesgo, los diferentes autores de la demanda le pidieron a la Corte tramitar rápido las acciones judiciales contra el artículo 124, petición que el tribunal aceptó.
De acuerdo a la Corte Constitucional, hay razones para considerar el estudio del artículo como un asunto de trascendencia social y que el trámite puede prevenir una eventual afectación al patrimonio público.
