En relación con la gobernabilidad en tiempo de crisis y la calidad de las instituciones, el Fondo Monetario Internacional –FMI– en un estudio reciente, analizó 156 eventos de disturbios sociales durante el periodo de 2011-2020 en diferentes partes del mundo, encontrando que en los países con instituciones más abiertas, democráticas y transparentes, los eventos de malestar social tienen impactos de baja significación en el funcionamiento y los rendimientos de los mercados de valores.
Ello contrasta con lo que pasa en países con democracia débil, con tendencias autoritarias y baja transparencia. En ellos el efecto es grande y negativo: en promedio, los rendimientos del mercado de valores caen un 2% en 3 días y alrededor de un 4% en el mes siguiente. La crisis por baja gobernabilidad, se hace trascendente, devastadora y duradera.
En una entrevista concedida por el expresidente de Brasil, Lula da Silva afirmaba “que era un placer gobernar para los pobres porque ellos no dan trabajo ni protestan… los pobres no tienen dinero ni para alquilar autobuses, muchas veces no están en partidos políticos y ni siquiera van al sindicato” y remataba su frase afirmando que ojalá “solo existieran pobres para gobernar”.
Sus declaraciones aunque fueron controversiales y aprovechadas por sus opositores para montar el andamiaje de la siguiente campaña presidencial, no fueron suficientemente contundentes para derrotar en ese proceso electoral a su partido político.
Más allá de las duras declaraciones del presidente Da Silva, alguna vez nos hemos preguntado si este mismo pensamiento ha estado anidado, en silencio, en la cabeza de algunos de nuestros gobernantes nacionales y regionales, que han abusado del poder para enriquecerse, perpetuar la pobreza en Colombia o simplemente para seguir aumentando el bolsillo de unos pocos, con dudosos gastos y sin rendición adecuadas de cuentas.
Sin lugar a dudas, las marchas y las protestas regionales que han venido incidiendo en la ruptura de la conectividad terrestre del país durante las últimas semanas, están lejos de ser consecuencia de la crisis económica y que con la pandemia se ha evidenciado el grado de desigualdad e inequidad de una nación que ve como los recursos se despilfarran en proyectos improductivos, en donde existe una evidente malversación de fondos.
La pobreza, desigualdad e inequidad son claves en la crisis de gobernanza del país. Las cifras presentadas por el Dane el pasado 29 de abril así lo confirman, al evidenciar que cerca de 3,5 millones de personas en Colombia entraron a la pobreza monetaria, mientras que 2,8 millones de personas ingresaron a la pobreza monetaria extrema.
Esto sumado a una reforma tributaria inequitativa, donde el Gobierno continúa sosteniendo gastos administrativos muy por encima del recaudo, mientras la mayoría de la población se encuentra obligada a cerrar negocios, establecimientos comerciales o microempresas a raíz de las duras medidas impulsadas por el Gobierno para prevenir el contagio masivo, pero sin ningún tipo de respaldo para los microempresarios.
Daron Acemoglu y James A. Robinson, en su libro ¡Por qué fracasan los países’, sobre la calidad de las instituciones señalan que un Estado que no brinde una institución económica inclusiva, que no garantice una clase media más próspera, donde los emprendedores y comerciantes tengan apoyo e inversión y que básicamente le permita a la sociedad tener un estatus de vida cómodo con posibilidades de ahorro e inversión, está garantizado a fracasar.
Con ello sugiere que en la gobernanza moderna, la calidad de las instituciones y la transparencia son activos mucho más necesarios que los recursos económicos, especialmente, en medio de la crisis social, económica y de salud generada por la pandemia del Covid -19.
La tesis central de esta obra se centra en cómo los Estados con economías inclusivas y con instituciones de calidad generan prosperidad y riqueza, mientras que los Estados con economías extractivistas y con débiles instituciones, acaban generando estancamiento y pobreza.
Y este modelo está claro cuando el Estado apoya a los grandes grupos económicos que le permitan afianzar su permanencia en el poder. Así las cosas, la calidad de las instituciones es incidente en el grado de bienestar o pobreza de una nación.
Mientras las personas en la calle no tengan garantizado el acceso a servicios básicos, oportunidades de trabajo, acceso efectivo a servicios de salud y sobre todo educación de calidad, no se podrá asegurar la erradicación de la pobreza y las brechas económicas seguirán agrandándose tal como se está presentando en La Guajira frente al incumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017.
Con instituciones de baja calidad y sin transparencia como sustantivas para gobernar en tiempo de crisis, los colombianos hemos perdido la oportunidad de un adecuado desarrollo infantil al tener altos índices de desnutrición severa y aguda, que de manera tajante, impiden un adecuado desarrollo de la persona desde sus primeros años de vida, tal como está ocurriendo en La Guajira.
Esto unido a la precaria educación en zonas rurales dispersas e incluso en el casco urbano, limitan la posibilidad de tener individuos capaces de formar pensamientos lógicos y críticos, que les permitan valorar, opinar y decidir sobre su futuro y el de su familia.
Pese a las adversas condiciones que enfrentamos día a día, es tiempo de exigir los derechos que por décadas han sido arrebatados, impidiendo que se reviertan las condiciones que generaron la declaración del estado de cosas inconstitucional a través del bajo acceso al derecho al agua potable, alimentos de manera permanente e incluso el derecho a una educación de calidad y eso es lo que se va a exigir el próximo 4 de junio frente a la Corte Constitucional en la sesión técnica que evaluará el incumplimiento de la Sentencia T302 de 2017.
Fuente Veeduría ciudadana para la implementación de la Sentencia T-302 de 2017.
