De acuerdo al alto tribunal, las instituciones educativas deben atender lineamientos incluyentes, para garantizar su permanencia en las aulas y su derecho a la educación.
«Inaceptable se torna entonces, avalar la posibilidad de que los menores, por causas ajenas a ellos, deban ser acreedores de un tratamiento injusto que se imponga como barrera para su desarrollo social, académico y labora», dijo la Corte en su sentencia.
En Colombia, los colegios tienen la obligación de asegurar el ingreso a la educación a personas que tengan algún tipo de discapacidad y garantizar que cuenten con las condiciones adecuadas para su permanencia en la institución.
Además la Corte agregó que «la sociedad debe brindarle a la comunidad estudiantil, la garantía de que ante su diversidad, solo hay manifestaciones de respeto, apoyo y comprensión, pues no puede perderse de vista que la educación es un instrumento de cambio, igualdad y democracia, y, por tanto, la educación inclusiva se aparta de la idea de que las personas con necesidades diferentes se deban aislar o segregar».
Con esta afirmación, el tribunal no solo le delega la responsabilidad de tener enfoque inclusivo al Ministerio de Educación y los colegios; la comunidad académica en general, compuesta por profesores, padres de familia y los compañeros de estudiantes en condiciones de discapacidad o transtornos debem asumir dicho enfoque.
La Corte Constitucional adoptó esta postura tras estudiar el caso de una madre que le pidió al colegio donde estudiaba su hija de 7 años que retire a un compañero que venía maltratando a la menor. Sin embargo el niño agresor pudo continuar en el colegio dado que su madre instauró una tutela y le notificó a la institución que él padecía transtorno de déficit de atención o hiperactividad (TDAH) y Trastorno de Oposición Desafiante.
