La realización de algunas acciones inusuales al interior de la empresa Sama que podrían convertirse en delictivas de llegarse a demostrar, denunció en un comunicado a la opinión pública, el líder social Elmer Altamar, representante legal de la organización Sumaichin, y Jorge Rosado Móvil, representante legal de Waya Wayuu.
En el escrito advierten que es posible que puedan desaparecer todos los esquemas del centro de producción de donde derivan el sustento cientos de familias, pero además dan cuenta del robo de la sal y de una crisis económica deliberada, que requiere la urgente intervención de los entes de control.
Anuncian un cese total de las actividades de explotación, cargue y transporte del mineral. En el comunicado, los dos representantes legales explican cada una de las irregularidades que de acuerdo con su criterio han detectado.
Señalan una serie de seguimientos desde el mes de octubre del 2020 hasta la fecha, encontrado que la gerencia de Sama Ltda, pudo haber administrado de forma directa y sin mayores gastos, por no haberse vinculado aún el contrato laboral una cifra cercana o mayor a los dos mil millones de pesos, cifra que se deduce de las ventas para esos meses calculados en 40.000 toneladas de sal con un posible precio de lista o venta cercano o mayor a los $55.000, bajo administración directa, sin vigilancia sin control y sin sobrecostos.
Expresan, además, que se pudo contabilizar de manera informal que desde lo corrido de la terminación unilateral del contrato de operación con Big Group, a la fecha, el paso por la báscula electrónica, mecanismo idóneo para ejercer el control de las toneladas de sal transportadas, un aproximado de más de 30.000 vehículos de carga pesada con promedio de toneladas por vehículo entre 10 hasta 15 toneladas, transporte realizado por volquetas y camiones dando un promedio de toneladas de sal movilizadas cercanas a las 400.000 toneladas de sal o hasta más.
Agregan que estimando el precio de venta o de lista portonelada, que estarían entre los 50.000 y 55.000 pesos, se estaría hablando de una cifra entre o sobre los 20 mil millones de pesos, dinero administrado por Sama limitada y la junta directiva, en lo que va corrido de este período.
Manifiestan también que de manera inusual en el año 2021, observaron que cuatro domingos de julio, cinco del mes de agosto, cuatro del mes de septiembre, cinco del mes de octubre, cuatro del mes de noviembre, cuatro del mes de diciembre y cuatro domingos de los meses de febrero y marzo del año 2022, se realizaron despachos de sal programados con el transporte interno a un solo destino, cercano a los 5000 viajes.
“Hicimos un cálculo promedio de 5.000 viajes de sal de 10 toneladas, dejando una cifra cercana a las 50.000 toneladas de sal transportada durante esos meses con un valor estimado entre 55.000 por toneladas, dejando una cifra calculada de $2.750.000.00 (dos millones setecientos cincuenta millones) cantidades a con altas probabilidades de no estar registrada en la contabilidad ni en los estados financieros”.
Además, afirman que por ser esa actividad un domingo, las citadas toneladas no tuvieron el control del peso de la báscula electrónica, y sólo pasaron por la báscula manual habilitada para esa inusitada actividad
Otro de los aspectos que lograron observar fue el destino incierto de la sal de la cosecha indígena perteneciente a la empresa Big Group, calculadas en unas más o menos 30.000 toneladas de sal, vendidas sin ningún control por báscula y a un precio por tonelada desconocido pero que podría oscilar entre los $ 40.000 la tonelada, venta que estaría alrededor de los mil doscientos millones de pesos.
Advierten de otras irregularidades como la expedición de los certificados de origen, sin el registro de las toneladas despachadas (espacio con anotación cero).
“Sumando las toneladas que no pasaron por la báscula electrónica, estaríamos hablando de alrededor de 100.000 toneladas de sal presuntamente hurtadas, multiplicadas por $ 55.000, representarían unos cinco mil quinientos millones de pesos, con un destino x”.
Indican que hoy la empresa atraviesa una crisis económica deliberada, provocada por las administraciones de Sama, la desinformación para confundir y distraer la atención y convertirse en víctima sería la estrategia implementada para convencer y administrar a su libre albedrío.
Manifiestan que actualmente existe un modelo dictatorial, impuesto en Sama donde impera la persecución laboral insinuada o provocada para someter a la empresa a una huelga de sus trabajadores, además que existe un sometimiento societario por medio de dádivas y de castigos monetarios, es decir sobre aquellos socios que intentan retar la dictadura impuesta o solicitar información sobre los estados financieros o contables de la empresa
Indican que ante la casi evidenciada corrupción en Sama, con los posibles robos continuados señalados, dineros que debieron ser destinados al fortalecimiento empresarial y a la solución de los problemas sociales de las comunidades wayuú dueñas de la empresa, se urge tomar medidas de forma y de fondo.
Precisan que estar sometidos hoya a una supuesta liquidación de la sociedad, por una crisis económica prefabricada, se hace más evidente que se trata de un mecanismo buscando la manera de mezclar la casi evidente corrupción con una declaratoria de liquidación.
Advierten entonces que por esos motivos toman la decisión con otros actores de Manaure perteneciente a la cadena productiva, a iniciar un cese de actividades total de la empresa Sama, a partir del martes 08/11/2022 o antes, ya que la actual situación de la empresa amerita una fiscalización e inspección de carácter urgente.
En razón de ello, piden a todos los gremios disculpa por las medidas no absurdas ni deliberadas, pero sí encaminadas a la búsqueda de esclarecer todos esos y más posibles o presuntos actos de corrupción que hoy carcomen a la empresa.
