El Gobierno nacional periódicamente viene presentando informes sobre sus ejecuciones en el marco del cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017. Debidamente autorizada por la Corte Constitucional, la Veeduría Ciudadana como organismo de la sociedad civil, ha teniendo acceso a los expedientes de la misma y se encuentra en el proceso de verificar la información encontrada en las rendiciones de cuentas en donde se relacionan numerosas obras y acciones, algunas de ellas sin ejecutar o se encuentran paralizadas.
En el permanente y sistemático trabajo de campo, se pudo también comprobar que existen muchas otras obras del Gobierno nacional que fueron ejecutadas e inauguradas, pero que a la fecha se encuentran dañadas y abandonadas por falta de sostenibilidad en su funcionamiento.
Planes pilotos
Los planes pilotos de oferta pública en comunidades indígenas están en veremos. El Gobierno se comprometió a poner en marcha una estrategia de la articulación y funcionamiento de la oferta pública en las comunidades rurales dispersas de La Guajira en tiempo real.
Esta actividad fue aprobada en el marco del Consejo Nacional de Política Económica y Social mediante el Documento Conpes 3944 de 2018 denominado ‘Estrategia para el Desarrollo Integral de La Guajira y sus pueblos indígenas’, el cual tiene como objetivo mejorar la seguridad alimentaria y las condiciones sociales, económicas, institucionales y ambientales de La Guajira, con énfasis en las comunidades indígenas y la población rural, como condición para avanzar en la garantía de los derechos de la niñez indígena.
En el Plan de Acción y Seguimiento –PAS–, establecido en el Anexo A del mencionado documento, se estableció el desarrollo de 2 planes pilotos de articulación de oferta de servicios sociales en La Guajira, que de acuerdo a la acción 1.65 permitirá coordinar a las entidades nacionales para la implementación de pilotajes de articulación de servicios sociales en establecimientos etnoeducativos de la zona rural de La Guajira, focalizados conjuntamente entre el Gobierno y las autoridades tradicionales, proceso que se iniciaría en febrero de 2019, bajo la coordinación directa del Departamento Nacional de Planeación.
Los dos pilotos inicialmente establecidos se llevarían a cabo en las comunidades de Mapuain, en Uribia, zona industrial, y en Sichichon, en Manaure, los cuales requerían del levantamiento de la línea de base de la oferta social, la respectiva socialización a las entidades, comunidades e identificación de las acciones sujeto de seguimiento, evaluación por parte del DNP en el 2020.
En la revisión que se ha realizado del expediente de la Sentencia T-302 de 2017, hemos encontrado que esta iniciativa ha desaparecido de los informes posteriores al 43, documento aportados por el Gobierno a los entes judiciales encargados del seguimiento de la Sentencia. Dado que aún no se implementan estas iniciativas expuestas en el documento Conpes 3944, se le ha solicitado a la Consejería Presidencial para las Regiones y a la Comisión Intersectorial para el Departamento de La Guajira dar a conocer las razones de su aplazamiento.
Obras paralizadas
La Veeduría Ciudadana pudo constatar que a la fecha el proyecto de saneamiento básico de Paraguachón adjudicado el 8/08/2017 y que se ejecuta mediante el contrato PAF-ATF-I-040-2017 desde 8/11/2017 por valor de $8.2 mil millones, se encuentra paralizado por problemas asociados a diseños técnicos pocos pertinentes, muy a pesar de que el periodo de ejecución planeado inicialmente era de 6 meses.
Con esta iniciativa se buscaba mejorar la continuidad del servicio de acueducto que pasaría de 0 a 12 horas diarias con una población actual beneficiada de 2.204 personas, proyecto que también se encuentra determinado entre las obras y acciones a realizar dentro del marco del Documento Conpes 3944.
A la fecha el grado de avance del proyecto es del 69.9%. El componente de acueducto tiene un avance del 84.5%. El componente de alcantarillado muestra un avance del 35%. La continuidad depende de la legalización de la servidumbre y del lote en donde se construirá la planta de tratamiento, el pago de deuda del servicio de energía, la coordinación institucional entre la Alcaldía de Maicao y el Ministerio de Vivienda, resolver los problemas con la comunidad indígena de San Carlos, en Maicao y la terminación de los diseños eléctricos de las estaciones de bombeo.
Obras inauguradas sin sostenibilidad
Dentro de la Alianza por el Agua y la Vida en La Guajira, el Departamento de la Prosperidad Social ejecutó $14.412 millones en 29 intervenciones en agua potable y huertas comunitarias a razón de $ 496 millones cada una, a través de dos convenios. El primero, fue con convenio 046-2014/ DPS – Fupad, para desarrollar soluciones integrales con un plan de suministro y tratamiento de agua segura. Este incluyó la construcción de los pozos profundos, la instalación de sistemas fotovoltaicos, apriscos, sistemas de riego, sistemas de tratamiento y sistema de almacenamiento de agua en las comunidades de Koucharapo, Ichien, Jamunchenchon, Kasisca, Mapashira, Nazareth, Panchomana, Sichichon, Wimpiraren, Wualashen, en Manaure. Jururá, Casutarain, Media Luna Jawuao, Samutpiou y Wimpechy, en Uribia.
El segundo fue mediante el convenio 204-2016/ DPS–Ungrd, beneficiando a las comunidades de Amalipa, Riritana, Kanasumana, Maicaito, del municipio de Maicao. Wayacacira y Monterrey, en Manaure. Karasua, F. Guajira, Cerro de la Teta, Carrizal y Romana, en Uribia. Pozos y sistemas de tratamiento de agua que se encuentran dañados sin prestar el servicio social inicialmente determinado por falta de sostenibilidad en la operación de los mismos.
En las comunidades inspeccionadas se encontró que los proyectos de agua para el consumo humano en cantidad y calidad no fueron sostenibles, los pozos comenzaron a dañarse en el primer semestre del 2018, es decir, que solo operaron cerca de un año y medio de acuerdo a las bitácoras de instalación, daños y mantenimiento de la infraestructura.
Concluidas las intervenciones, la gran mayoría de las familias y comunidades beneficiarias paulatinamente fueron abandonando la producción de las huertas, lo que evidencia que el trabajo en torno de los procesos de apropiación social para el manejo y cuidado de la obra no fue efectivo por falta de capacitación.
Ello está evidenciando que el más importante obstáculo para cumplir con la Sentencia T-302 de 2017 no es la financiación de las obras, sino su planificación y coordinación interinstitucional, que permitan la sostenibilidad y perdurabilidad del servicio de las mismas, situación que limita el cumplimiento de la Sentencia y la superación del estado de cosas inconstitucional en La Guajira.
Fuente Veeduría para la Implementación de la Sentencia T-302 de 2017
